9 de diciembre de 2018 | Emir Sader

¿Del régimen de excepción al estado de excepción?

La continuidad democrática en Brasil fue rota con el golpe del 2016, que sacó del gobierno, de forma espuria, sin ningún argumento jurídico, a una presidenta recién reeligida por el voto popular, bajo la mirada complaciente y cómplice del poder judicial. En ese momento empezaba a imponerse un régimen de excepción en Brasil, bajo el argumento de que pasaba a combatir el mal más grande del país, la corrupción, protagonizada por personajes tan poderosos, que sería necesario utilizar métodos de excepción, para tener éxito en ese combate. Es lo que ha hecho la operación Lava Jato, cometiendo todo tipo de arbitrariedades, ya naturalizadas como forma sistemática de persecución política en contra de la izquierda, por la judicialización de la política, por el “lawfare”, por las acciones arbitrarias de la policía y del ministerio público, por la condena y prisión sin pruebas ni fundamento jurídico.

Estos mecanismos han caracterizado la nueva forma de golpe –promovida por la guerra híbrida, la nueva estrategia da la derecha-, centrada en un Congreso elegido por el poder del dinero, en el monopolio privado de los medios –que se arrogan el derecho de destruir públicamente reputaciones-, y de un poder judicial activo en la persecución política y pasivo en la protección del Estado de derecho y de la democracia. Como un elemento importante de esa nueva forma de golpe está el aparente mantenimiento de la institucionalidad y la cobertura cómplice del poder judicial. Pero su debilidad es que, para mantener la apariencia de legalidad institucional, tiene que afrontar procesos electorales.

Las elecciones se han vuelto un martirio para los regímenes políticos en que el modelo neoliberal se ha generalizado, de la derecha tradicional a la extrema derecha, pasando por la vieja izquierda del siglo XX, en particular la socialdemocracia. Ese consenso condena a esos gobiernos a una rápida perdida de apoyo popular, al pánico cada vez que se acercan las elecciones. Porque, de una u otra forma, esos son momentos en que ya no tienen vigencia los consensos restringidos entre las élites, entre los formadores de opinión mediante los medios monopólicos. Es un momento en que la población pasa a dar su palabra, a decidir sobre que gobierno seguirá dirigiendo el país o será sustituido por otro.

Las elecciones de este año en Brasil son paradigmáticas de las formas de acción de que se vale la derecha para impedir que el consenso antineoliberal se imponga o se vuelva a imponer. Cuando el programa de prioridades de las políticas sociales puso en peligro la victoria de la derecha, aún después de la exclusión de Lula de la disputa electoral, se desató una gigantesca y escandalosa campaña de “fakenews”, difundidas por millones de robots, para desplazar los temas sociales, que ocupaban el centro de la campaña, a los de la corrupción, la inseguridad y una agenda moralizadora, forjada mediante imágenes falsas en contra de las movilizaciones de las mujeres y en contra del mandato de Haddad como ministro de Educación: una de las imágenes más difundidas fue una foto de un biberón con el órgano sexual masculino, como si el ministerio de Educación la hubiera difundido en las escuelas para los ninos. La combinación de esos dos factores –la agenda de la derecha y sus formas de implementación– han llevado a la derrota de la izquierda y a la victoria de un candidato de ultraderecha.

Esa victoria no surge simplemente como el cambio de un gobierno antineoliberal a un gobierno neoliberal, como fue el paso del gobierno de Dilma al gobierno de Temer, sino la formalización de un nuevo régimen que venia esbozándose desde el golpe del 2016. Es una trasformación que es más que una simple instauración de un régimen de excepción. La derecha necesita blindar al Estado, de forma que la izquierda no pueda volver a gobernar en Brasil. Sacan lecciones de cómo una victoria de la izquierda, como la que se produjo en 2001, hace que el gobierno gane rápidamente el apoyo popular, tendiendo a vencer sucesivamente las elecciones, como ha sucedido por cuatro veces seguidas en Brasil.

Es necesario, para la derecha, evitar que eso vuelva a ocurrir. En primer lugar, deteniendo, condenando y retirando de la campaña electoral a Lula, que representa, de forma directa, presente en la memoria y la conciencia del pueblo, los gobiernos que priorizan las políticas sociales y los derechos de toda la población, ante todo el del empleo, el salario, la educación y la salud.

En segundo lugar, sistematizar la persecución política de la izquierda, de sus partidos, de los movimientos sociales y de sus liderazgos, cuando no su eliminación o por lo menos su neutralización como alternativa, permitiendo que la derecha se perpetúe en el gobierno. Gobiernos que existen para perpetuar el modelo neoliberal, tienden a perder rápidamente el apoyo popular, como ha ocurrido con los gobiernos de Temer y de Macri, y tenderá a ocurrir con el próximo gobierno en Brasil. Por eso necesitan blindar al gobierno y al Estado, haciendo imposible el acceso de la izquierda.

Para eso, tratarán de controlar el sistema político, con medidas como el fin del voto obligatorio, el voto distrital, eventualmente formas de parlamentarismo, medidas que dificulten o impidan la actuación parlamentaria de la oposición, criminalizando a los movimientos sociales, bajo el pretexto de que atentan en contra el derecho de la propiedad, además de la sistematización de la judicialización de la política y de la persecución jurídica, instalada en el centro del accionar de gobierno, penetrado por los métodos y el personal de la Lava Jato.

La izquierda tardó en valorar la cuestión democrática. Tuvo que hacerlo a la fuerza, con la instauración de la dictadura militar, cuando la vía insurreccional se volvió inviable. Aunque limitados, los espacios democráticos han permitido que la izquierda los ampliara y finalmente triunfara, con un programa antineoliberal, en cuatro elecciones presidenciales sucesivas. Ahora la derecha pretende cerrar esa posibilidad, desmoralizando a la democracia, haciendo que la izquierda no pueda constituirse de nuevo en una alternativa de gobierno.

Aún en esas condiciones, un abandono de la lucha democrática sería un suicidio para la izquierda. Por pequeños que sean esos espacios, hay que valerse de ellos, para ensancharlos, darles consistencia, porque la vía de la izquierda es la vía democrática. De ahí la necesidad de una lucha intensa, permanente, para impedir que se instale un Estado de excepción y para que retroceda el régimen de excepción. Sino, de nada sirve tener un programa antineoliberal, que rápidamente vuelva a sensibilizar a la masa de la población, si ese programa no se transforma en alternativa política con posibilidad de volver a conquistar el gobierno.

Combinar la lucha por los derechos sociales de todos y la resistencia democráticas, encontrar, de forma creativa las modalidades de articular las dos: luchas para impedir el cierre de todos los espacios para la lucha popular y democrática, es la clave para impedir que un Estado de excepción se instale en Brasil y bloquee todos los caminos para que la lucha popular y de masas permita retomar la vía de nuevas victorias de la izquierda y del movimiento popular en Brasil.
 
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