El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba afirma que los contratos caducados desde 2023, el troceo de licitaciones y un patinazo de lotes de la oferta de 215 millones ponen en riesgo la estabilidad laboral de la plantilla.
El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba denuncia la grave situación de opacidad, improvisación e inseguridad jurídica que se está viviendo en la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de Córdoba (Epremasa). A la alarmante situación del Complejo Medioambiental de Montalbán, cuyo contrato marco de explotación lleva vencido y caducado desde el año 2023, se suman un manifiesto plantón de los grandes operadores del sector y presuntos errores graves en la tramitación oficial de su macrolicitación estrella de recogida de basuras, valorado en 215,6 millones de euros.
Un error de la empresa Valoriza, que confundió la numeración de los lotes al registrar su proposición, hizo que en el acta publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público se indique que el Lote 3 (Sur) quedó desierto, y que el Lote 2 (Este) se adjudica a Valoriza, cuando la oferta de la empresa estaba destinada al Lote 3. Aunque la Mesa de Contratación detectó el error, aún no se ha corregido en el acta, cuando hablamos de un contrato público de más de 200 millones de euros, lo que evidencia una improvisación inasumible para un servicio público esencial.
Pero además, CCOO advierte que las principales empresas del sector -PreZero, Urbaser y Althenia- han renunciado a concursar por el deficiente diseño de los pliegos redactados por Epremasa, algo que ya advirtió el sindicato y que ha provocado el rechazo unánime de los actuales prestadores del servicio en la provincia. De hecho, PreZero ha acudido a la vía judicial para impugnar los pliegos de licitación.
Este rechazo generalizado ha derivado en una absoluta falta de competencia, dejando prácticamente una sola oferta por lote, en las zonas donde se ha presentado alguna propuesta, apunta el Sindicato del Hábitat de CCOO.
A todo esto se unen movimientos procedimentales muy cuestionables. Por ejemplo, una anulación a la carta de Valoriza, que presentó dos ofertas para los lotes 2 y 4, una el 4 de septiembre y otra el 21 del mismo mes y la Mesa de Contratación le otorgó tres días para que “eligiera” cuál de las dos ofertas debía abrirse. La mercantil optó por retirar la primera, retirándose del Lote 4 y dejando a Paprec como única competidora. Otra irregularidad es la de la UTE Ecoindustria-Luminar, que envió un correo requiriendo anular una oferta previa con fallos de firma para validar una segunda, trámite que fue admitido de inmediato por la Mesa.
CCOO Hábitat de Córdoba ha presentado alegaciones formales ante la Mesa de Contratación por las omisiones en las listas de subrogación de personal operativo esencial (mecánicos, administrativos y jefes de servicio), además de recortes en pluses salariales como el de nocturnidad. Epremasa ha rechazado la solicitud de suspensión del procedimiento de licitación, escudándose en la «discrecionalidad técnica» y en el «riesgo y ventura» de los futuros contratistas.
Desde el sindicato se pone de manifiesto que no tolerará que la incapacidad técnica y los errores en el diseño de los pliegos los terminen pagando los trabajadores y trabajadoras del servicio de recogida de residuos de la provincia de Córdoba y, por ello, exige la rectificación inmediata de los pliegos, el cumplimiento estricto de los convenios colectivos y la garantía absoluta de subrogación de todas las plantillas.
El fiasco de Montalbán
Mención aparte merece la planta de Montalbán. Mientras el relato institucional insiste en calificar a la Planta de Montalbán como un «centro emblemático», desde el sindicato se constata que la gestión real discurre al margen de la legalidad ordinaria de la contratación pública. El contrato marco de explotación de Montalbán agotó todas sus prórrogas legales en 2023. Desde entonces, la instalación se mantiene bajo prórrogas de hecho sin sacar a concurso el pliego general global.
Para frenar el deterioro del recinto sin publicar la licitación principal, Epremasa está licitando de forma fragmentada la adquisición de vehículos, prensas, separadores balísticos y equipamiento por separado. Así mismo, licita maquinaria «a trozos», lo que para una planta fuera de contrato supone asumir con fondos públicos inversiones que legalmente deberían integrar el canon y los compromisos del nuevo adjudicatario privado en un concurso transparente.
Este descontrol en la redacción de pliegos no es un hecho aislado, sino que repite un patrón de anuncios propagandísticos que terminan varados en los tribunales por graves errores administrativos. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la concesión directa de una subvención excepcional de 17,98 millones de euros (de un paquete autonómico de 33 millones financiado por la UE Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) para desarrollar el proyecto de tratamiento de la Fracción Orgánica de Recogida Selectiva (FORS) en el Complejo de Montalbán. La instalación se diseñó para procesar 25.000 toneladas anuales de biorresiduos mediante digestión anaerobia y producir biogás/biometano inyectable a la red y compost. Para ejecutar esta actuación e implantar la planta de Materia Orgánica Recuperada (MOR) —con un presupuesto estimado total de 229,13 millones de euros y una vigencia de 26 años—, Epremasa sacó a concurso la concesión de obra pública. Sin embargo, la licitación sufrió un varapalo judicial rotundo cuando el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de la Junta de Andalucía decretó la suspensión cautelar del procedimiento tras el recurso presentado por la empresa Cívica Servicios y Medio Ambiente SL. Epremasa alegó ante el TARC la «urgencia inaplazable» del proyecto, advirtiendo expresamente de que el retraso causaría un «grave perjuicio» debido a los estrictos y rígidos plazos de ejecución exigidos por la Unión Europea para no perder la financiación europea. El TARC desestimó las alegaciones por no haber justificado legalmente esa urgencia frente al derecho de las empresas a concurrir bajo pliegos legales. Tras la paralización del procedimiento y la posterior anulación formal de los pliegos y de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la subvención de 17,98 millones de euros queda expuesta a un riesgo crítico de caducidad y revocación por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Al tratarse de fondos finalistas e intransferibles del PRTR que deben ejecutarse bajo hitos temporales prefijados, el dinero devuelto no puede ser reutilizado por Epremasa en otras partidas presupuestarias, dejando al proyecto sin su principal fuente de financiación.
El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba exige a Epremasa seriedad, porque está poniendo en riesgo un servicio fundamental para la población de la provincia, como es la recogida y el tratamiento de residuos y advierte que llevará a cabo todas las acciones legales a su alcance para garantizar la transparencia, el empleo y la calidad del servicio.
0 comentarios