El candidato número uno al Congreso y Ana María Carnero participan en un encuentro que ha servido también para hacer balance de los casi cuatro años de trabajo parlamentario de Enrique Santiago, con 150 encuentros y más de 90 iniciativas sobre los problemas de la provincia
El Frente Amplio ha celebrado en Córdoba un encuentro con la participación del candidato número uno al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, y la número cuatro de la candidatura, Ana María Carnero. La cita, en la que han participado representantes de las distintas organizaciones que integran la confluencia, ha abordado los retos de la provincia y ha servido para repasar el trabajo desarrollado durante casi cuatro años por Enrique Santiago como diputado de Sumar por Córdoba.
Sebastián Pérez ha comenzado su intervención advirtiendo de que «estamos ante un capitalismo con prisas, un modelo que nos está llevando a un desastre y que necesita una respuesta», en referencia a un sistema que, a su juicio, está detrás de problemas como los evidenciados por el accidente ferroviario de Toledo.
El candidato ha contrapuesto este modelo al que defiende el Frente Amplio. «Frente a una derecha y una extrema derecha que pretenden destrozar los servicios públicos, recortar derechos, imponer la explotación laboral y alimentar el odio y la criminalización, defendemos una transformación que ponga los intereses de las personas y los servicios públicos al servicio del bien común», ha señalado. En este contexto, ha situado el momento político en la disyuntiva entre «democracia o fascismo» y ha remarcado que los “avances sociales y los derechos conquistados durante estos años no habrían sido posibles sin la presencia de una izquierda transformadora con fuerza para impulsar, negociar y presionar al PSOE”.
En clave provincial, Pérez ha señalado la reindustrialización, la despoblación, la precariedad laboral y el futuro del sector agrícola y ganadero como algunos de los principales desafíos de Córdoba. También ha alertado sobre la sobreexplotación de los recursos del territorio, la llegada de fondos de inversión y la implantación de megaplantas fotovoltaicas, plantas de biogás y macrogranjas. A ello ha sumado los procesos de privatización que afectan a ámbitos esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia.
«Somos una fuerza arraigada en esta provincia, conocemos sus problemas y queremos cambiar su realidad», ha afirmado Pérez, que ha defendido la necesidad de que “Córdoba cuente con una representación parlamentaria vinculada al territorio y capaz de llevar sus reivindicaciones a las instituciones”.
Enrique Santiago agradece el trabajo compartido con colectivos, mareas y alcaldías
Por su parte, Enrique Santiago ha hecho balance de sus casi cuatro años como diputado de Sumar por Córdoba, durante los que ha mantenido alrededor de 150 encuentros y ha registrado más de 90 iniciativas parlamentarias relacionadas con las necesidades de la provincia.
Santiago ha querido agradecer especialmente la colaboración de las mareas de educación y sanidad, de los sindicatos, las alcaldías y los distintos colectivos con los que ha compartido espacios de trabajo y reivindicación. «Sus problemas y demandas han tenido voz en el Congreso de los Diputados y las Diputadas gracias al trabajo compartido», ha sido la idea central de un reconocimiento que ha hecho extensivo a todas las personas y organizaciones que han participado en este recorrido.
Entre los asuntos trasladados a la Cámara Baja ha destacado las dificultades del campo cordobés ante los aranceles de Trump, la defensa de los servicios públicos frente a las políticas del PP en Andalucía y las reivindicaciones relacionadas con la implantación de megaplantas fotovoltaicas, plantas de biogás y macrogranjas.
El diputado también ha repasado algunas de las medidas impulsadas desde el Gobierno de coalición que han tenido repercusión en la provincia, como las subidas de las pensiones y del salario mínimo interprofesional. En el ámbito laboral, ha recordado el trabajo realizado junto a la plantilla de Hitachi, así como las ayudas conseguidas para hacer frente al mildiu en el campo y la aprobación de la Ley de Barrios Vulnerables.
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