19 de noviembre de 2026

La alcaldesa otorga competencias sobre la Policía Local a Antonio Luis Luna cinco días después de que los agentes pidieran limitar su intervención

 

 

 

 

InfoGuadiato

 

María Victoria Paterna responde al conflicto abierto entre el concejal y la Policía Local con un decreto que le concede nuevas atribuciones en Seguridad Ciudadana, pese a la pérdida de confianza manifestada por los funcionarios. La resolución tampoco aborda las medidas de seguridad solicitadas para las dependencias policiales.

 

La alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna Otero, ha firmado este 17 de noviembre un decreto que difícilmente pasará inadvertido entre los integrantes de la Policía Local. La resolución concede al concejal Antonio Luis Luna Rodríguez competencias compartidas en Seguridad Ciudadana, incluida la dirección de los servicios policiales, apenas cinco días después de que el representante de los agentes registrara oficialmente un escrito solicitando precisamente que se limitara su intervención en el funcionamiento del Cuerpo.

La decisión resulta especialmente llamativa por el momento en que se produce y por el contenido de la reclamación presentada el pasado 12 de noviembre por Rafael Ortega Marín, delegado del Personal Funcionario y de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento.

En aquel escrito, el representante policial trasladaba a Alcaldía la pérdida absoluta de confianza profesional e institucional hacia Antonio Luis Luna Rodríguez, a raíz de los acontecimientos relacionados con la retirada de un televisor adquirido, según los agentes, con aportaciones económicas particulares de varios funcionarios.

El documento también hacía referencia a las actuaciones puestas en conocimiento de la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias de la retirada del aparato y del acceso a las dependencias policiales. Según el escrito, el concejal había prestado declaración en relación con estos hechos, sin que ello suponga atribuirle responsabilidad penal alguna.

Pero la reclamación policial iba mucho más allá del episodio del televisor.

Los agentes solicitaban que la interlocución política ordinaria con la Policía Local quedara canalizada a través de la Concejalía de Personal y Seguridad Ciudadana, cuya responsabilidad correspondía entonces a José Alejandro Fernández Reseco. Asimismo, pedían que Antonio Luis Luna, que tenía delegadas las áreas de Educación, Movilidad y Juventud, se abstuviera de impartir instrucciones, efectuar requerimientos o intervenir directamente en el funcionamiento del servicio policial sin una habilitación expresa.

La respuesta organizativa de la alcaldesa, cinco días después, ha sido justamente la contraria a lo solicitado: modificar las delegaciones municipales para que Luna pase a compartir con Fernández Reseco la responsabilidad de Seguridad Ciudadana y Movilidad.

De pedir que no intervenga a concederle competencias

Hasta la firma de este decreto, la distribución de responsabilidades municipales diferenciaba claramente Seguridad Ciudadana, atribuida a José Alejandro Fernández Reseco, y Movilidad, competencia de Antonio Luis Luna Rodríguez.

La nueva resolución elimina esa separación y establece una delegación compartida en la que ambos concejales podrán ejercer indistintamente las facultades atribuidas, incluida la dirección de los servicios de Policía Local, la ordenación del tráfico, la circulación, el estacionamiento y Protección Civil.

El decreto establece que cada expediente deberá ser tramitado y resuelto por uno de los dos concejales, salvo las excepciones previstas, y que las discrepancias entre ambos serán resueltas por la alcaldesa.

De esta manera, Luna obtiene una habilitación expresa para intervenir en un ámbito sobre el que los policías habían reclamado una delimitación clara de responsabilidades.

La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. El 12 de noviembre se registra una petición para limitar su intervención y el 17 de noviembre se firma una resolución que amplía formalmente sus competencias.

Aunque no consta documentalmente que el decreto se haya aprobado como consecuencia directa de la reclamación policial, la alcaldesa debería explicar por qué ha considerado oportuno adoptar esta decisión precisamente en medio de un conflicto de confianza con los funcionarios.

Porque una cosa es ejercer la potestad legal de organizar las concejalías y otra muy distinta es gestionar adecuadamente las consecuencias que esa organización puede tener sobre el funcionamiento de un servicio público tan sensible como la Policía Local.

Una pérdida de confianza que no desaparece con un decreto

El escrito registrado por el representante policial no deja demasiado margen para las interpretaciones sobre el malestar existente.

En él se comunica una pérdida absoluta de confianza profesional hacia Antonio Luis Luna y se expresa la voluntad de no mantener interlocución ordinaria ni relación profesional de colaboración con el concejal, más allá de las obligaciones institucionales legalmente exigibles.

Se trata de una manifestación de especial gravedad en un cuerpo policial, donde la coordinación, el respeto a la estructura jerárquica y la claridad de las instrucciones resultan esenciales para el servicio.

La alcaldesa tiene capacidad legal para modificar las delegaciones de competencias, pero esa facultad no elimina por sí misma el conflicto ni restablece la confianza deteriorada.

Otorgar nuevas atribuciones a un concejal puede resolver formalmente una discusión sobre quién está autorizado para intervenir en determinadas materias. Lo que no consigue automáticamente es solucionar las razones que han llevado a los funcionarios a expresar su rechazo a mantener una relación profesional ordinaria con él.

Y esa es precisamente la cuestión que la resolución municipal deja sin abordar.

¿Y las medidas de seguridad solicitadas por los policías?

Existe otro aspecto que merece una explicación por parte de Alcaldía.

El escrito del 12 de noviembre no se limitaba a cuestionar las competencias del concejal. También solicitaba medidas concretas para garantizar la seguridad de las instalaciones policiales.

Entre ellas figuraban la regulación del acceso a las dependencias interiores, el control de las llaves, la protección de vestuarios y espacios de descanso, y la prohibición de entradas no autorizadas cuando no hubiera agentes presentes.

Los funcionarios advertían de que en esas instalaciones se custodia documentación oficial y existen zonas sujetas a condiciones especiales de seguridad, confidencialidad e intimidad.

Sin embargo, el decreto firmado por María Victoria Paterna no establece ningún protocolo de acceso, no regula la custodia de las llaves ni contiene medidas específicas sobre la protección de esos espacios.

Esto no permite afirmar que el Ayuntamiento no haya adoptado otras actuaciones mediante documentos distintos, pero sí que ninguna de esas medidas aparece recogida en la resolución ahora aprobada.

 La pregunta es inevitable: ¿qué respuesta ha dado la alcaldesa a estas peticiones concretas de seguridad?

Una fórmula de responsabilidad compartida que también plantea interrogantes

El propio decreto reconoce que la normativa de régimen local no contempla expresamente el supuesto de una delegación genérica atribuida conjuntamente a dos concejales sobre una misma área.

Para resolver esta circunstancia, la alcaldesa establece unas condiciones específicas que permiten a ambos ejercer indistintamente las competencias, aunque impidiendo que intervengan los dos con carácter resolutorio en un mismo expediente.

No puede concluirse únicamente por ello que la decisión sea ilegal, pero sí resulta razonable preguntar si existe un informe jurídico de Secretaría que avale esta fórmula y determine con claridad sus efectos sobre la organización y funcionamiento del servicio policial.

Especialmente cuando la reclamación de los agentes advertía precisamente de los problemas que podían derivarse de las interferencias, las duplicidades de interlocución y las instrucciones procedentes de concejalías que no tenían atribuida la responsabilidad ordinaria del Cuerpo.

La solución elegida por Alcaldía no consiste en separar esas responsabilidades, sino en compartirlas.

La alcaldesa debe dar explicaciones

María Victoria Paterna es quien firma el decreto y, por tanto, quien debe asumir la responsabilidad política de la decisión.

No basta con invocar razones de eficacia, coordinación y racionalidad organizativa, como hace la resolución. Es necesario explicar por qué se ha optado por este modelo cuando existe una reclamación formal de los funcionarios que apunta en una dirección diferente.

También debe aclararse si el escrito registrado el 12 de noviembre fue tenido en cuenta antes de aprobar la nueva distribución de competencias, qué valoración se hizo de la pérdida de confianza manifestada y qué medidas se han previsto para evitar que el conflicto afecte al funcionamiento ordinario de la Policía Local.

La alcaldesa no está obligada a aceptar todas las peticiones de los funcionarios, pero sí debe afrontar el problema planteado y justificar sus decisiones, especialmente cuando afectan a la organización de un servicio público esencial.

El decreto del 17 de noviembre deja una situación difícil de explicar políticamente: los representantes policiales solicitan limitar la intervención de un concejal por una pérdida de confianza y, cinco días después, ese mismo concejal recibe nuevas competencias sobre el Cuerpo.

La legalidad de una decisión administrativa y su oportunidad política son cuestiones diferentes. La primera exige un análisis jurídico; la segunda requiere explicaciones públicas.

Y, en este caso, la alcaldesa tiene bastantes explicaciones que dar.

Porque los conflictos institucionales no se solucionan necesariamente ampliando las competencias de uno de sus protagonistas. Se solucionan afrontando sus causas, escuchando a las partes y adoptando medidas que permitan recuperar la confianza y garantizar el funcionamiento de los servicios municipales.

Lo que todavía no sabemos es cómo pretende María Victoria Paterna recuperar esa confianza después de haber adoptado una decisión que va en sentido contrario a la principal petición formulada por los representantes de la Policía Local.

 

 

 

 

 

 

Reprochip
Cereales y piensos
Opicalia Peñarroya
Farmacia valle del guadiato
Proasa
Taberna la latina

Normas de Participación

  1. Opinión libre: Infoguadiato ofrece la posibilidad de opinar libremente sobre los contenidos publicados en este espacio. Los usuarios aceptan que todos los mensajes publicados expresan únicamente las opiniones de sus autores, no las de los administradores o moderadores.
  2. Comentarios prohibidos: No se admiten comentarios contrarios a las leyes españolas o que puedan considerarse injuriosos, calumniosos, homófobos, o xenófobos.
  3. Privacidad y anonimato: No se admiten comentarios anónimos o bajo seudónimo que hagan alusión a la esfera privada de colaboradores o usuarios que identifiquen sus opiniones con nombre y apellidos.
  4. Moderación y administración: No se publicarán comentarios sobre la forma de moderar o administrar esta página, ni sobre la redacción, selección, o enfoque de sus contenidos. Para sugerencias o quejas, por favor diríjase a redaccion@infoguadiato.com.
  5. Desafíos a la moderación: No se admitirán comentarios que aludan a la función de moderación de los administradores o que insten a los responsables a publicar una opinión determinada.
  6. Relevancia temática: Los administradores se reservan el derecho de suprimir comentarios que no guarden relación con la temática planteada.
  7. Responsabilidad del usuario: El usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso de este servicio se realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad.
  8. Publicación de comentarios: Los comentarios no se publican automáticamente y pueden tardar algún tiempo en aparecer. No es necesario enviarlos nuevamente si no aparecen de inmediato. Los únicos comentarios que no se publicarán son los que contravengan expresamente estas Normas de Participación.
  9. Correspondencia: No se mantendrá correspondencia por correo electrónico ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre comentarios no publicados en la web. Infoguadiato no se hace responsable del contenido de las opiniones publicadas por los usuarios en sus foros.
  10. Medio público: El usuario reconoce que todos los espacios de participación de Infoguadiato constituyen un medio de comunicación pública, no privada, y que los comentarios insertados no representan la línea editorial de la página.

Normas de Participación

  1. Opinión libre: Infoguadiato ofrece la posibilidad de opinar libremente sobre los contenidos publicados en este espacio. Los usuarios aceptan que todos los mensajes publicados expresan únicamente las opiniones de sus autores, no las de los administradores o moderadores.
  2. Comentarios prohibidos: No se admiten comentarios contrarios a las leyes españolas o que puedan considerarse injuriosos, calumniosos, homófobos, o xenófobos.
  3. Privacidad y anonimato: No se admiten comentarios anónimos o bajo seudónimo que hagan alusión a la esfera privada de colaboradores o usuarios que identifiquen sus opiniones con nombre y apellidos.
  4. Moderación y administración: No se publicarán comentarios sobre la forma de moderar o administrar esta página, ni sobre la redacción, selección, o enfoque de sus contenidos. Para sugerencias o quejas, por favor diríjase a redaccion@infoguadiato.com.
  5. Desafíos a la moderación: No se admitirán comentarios que aludan a la función de moderación de los administradores o que insten a los responsables a publicar una opinión determinada.
  6. Relevancia temática: Los administradores se reservan el derecho de suprimir comentarios que no guarden relación con la temática planteada.
  7. Responsabilidad del usuario: El usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso de este servicio se realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad.
  8. Publicación de comentarios: Los comentarios no se publican automáticamente y pueden tardar algún tiempo en aparecer. No es necesario enviarlos nuevamente si no aparecen de inmediato. Los únicos comentarios que no se publicarán son los que contravengan expresamente estas Normas de Participación.
  9. Correspondencia: No se mantendrá correspondencia por correo electrónico ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre comentarios no publicados en la web. Infoguadiato no se hace responsable del contenido de las opiniones publicadas por los usuarios en sus foros.
  10. Medio público: El usuario reconoce que todos los espacios de participación de Infoguadiato constituyen un medio de comunicación pública, no privada, y que los comentarios insertados no representan la línea editorial de la página.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas noticias

Inside
Herminia Marcado
Frutas Isabel
Share This