InfoGuadiato
Durante el acto «La exhumación de las fosas del genocidio franquista en Córdoba», Pedro Cabrera, IU., denunció públicamente la negativa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo a permitir el uso de la Biblioteca Municipal para la celebración de este evento.
Se trata de una decisión política, tomada bajo las directrices de la alcaldesa, Mariví, quien además ostenta la responsabilidad en el área de Memoria Democrática. Resulta especialmente grave que sea precisamente quien debe velar por la preservación y difusión de la memoria histórica quien obstaculice actos que tienen como fin la justicia, la reparación y la dignificación de las víctimas del franquismo.
Asimismo, Pepe Parra, de la Asociación para la Restitución de la Memoria Democrática del Valle del Guadiato, recordó que en una exposición anterior fueron expulsados del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), alegándose la celebración de otros actos. La decisión forzó la suspensión del evento para evitar posibles daños a los cuadros expuestos. Un nuevo ejemplo de hostilidad institucional hacia iniciativas que promueven la memoria democrática.
La concejala de Cultura, María José Muñoz —del grupo VOX— justificó la negativa con el argumento de que “el espacio de la biblioteca está concebido para actos culturales y no para actos políticos”. Esta afirmación refleja no solo una visión reduccionista y sectaria de la cultura, sino una clara intención de censurar cualquier expresión que cuestione el relato dominante o remueva las conciencias sobre el pasado franquista.
Desde Izquierda Unida afirmamos con contundencia que este acto tiene un profundo contenido cultural. La exhumación de las fosas del franquismo no es un mitin político; es una acción humanitaria, ética e histórica. Buscamos contribuir a una sociedad cimentada en la dignidad humana, en la justicia, la libertad y la verdad. La difusión de la memoria histórica no solo es legítima: es una necesidad democrática.
Si la concejala considera que este acto es político, aceptamos esa etiqueta. Sí, lo es, en el mejor y más noble sentido de la política: la que defiende los derechos humanos, la justicia social y la reparación de las víctimas del terror. Lo que no aceptamos es que se utilice esa etiqueta como excusa para la represión ideológica y el veto institucional.
La actitud del equipo de gobierno, con la alcaldesa Mariví y la concejala Muñoz al frente, no es casual ni aislada. Responde a una estrategia reaccionaria que busca silenciar, marginar y desprestigiar todo aquello que cuestione el franquismo o reivindique la memoria de sus víctimas. Es una decisión discrecional que vulnera derechos fundamentales y atenta contra los principios básicos de participación y pluralismo democrático.
Además, denunciamos la falta de una normativa transparente y objetiva para el uso de espacios públicos, lo que deja su asignación al arbitrio de quienes hoy gobiernan, permitiendo la exclusión de colectivos y personas por razones ideológicas, a pesar de representar a formaciones políticas legalmente constituidas.
Frente a esta censura encubierta, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria democrática, con las víctimas del franquismo y con el derecho de toda la ciudadanía a expresarse y participar libremente en la vida cultural y política de su municipio.
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