El partido ecologista advierte de los graves riesgos hídricos y energéticos que entraña el macroproyecto de más de 1.000 millones de euros en el PTA (Málaga TechPark).
Ante el espejo de lo que ya ocurre en Huesca (Comunidad Autónoma de Aragón), el Partido Verde reclama una moratoria y un estudio de impacto real que priorice el interés público frente al modelo desarrollista.
Tras el anuncio del gran centro de datos en Málaga TechPark, hace unos meses, con una inversión millonaria de más de 1.250 millones de euros, el Partido Verde (Verdes EQUO) manifiesta su profunda preocupación por las consecuencias ecológicas, sociales y territoriales de este tipo de macroinfraestructuras. La formación verde advierte de que Andalucía, y en concreto Málaga, no se pueden repetir los errores de otros territorios como Aragón —donde la contestación social y la presión sobre los recursos básicos ya son una realidad insostenible— convirtiendo a la provincia en un simple ejemplo de consumo energético desbocado.
Desde la formación ecologista se recuerda que los centros de datos de gran escala consumen ingentes cantidades de energía eléctrica y recursos hídricos para su refrigeración. En un contexto de crisis climática acuciante, sequía estructural en Andalucía, y en la provincia de Málaga, y escasez crónica de agua, resulta irresponsable impulsar proyectos que tensionan aún más los suministros públicos esenciales de la ciudadanía, y ya tensionados con el exceso de turismo.
“Nos venden la digitalización como un mantra acrítico, pero la realidad oculta tras estos megaproyectos es la de un vampirismo energético e hídrico. No podemos permitir que el agua de las andaluzas y andaluces, o la capacidad de nuestra red eléctrica, se destinen a alimentar servidores tecnológicos privados mientras se pide moderación o se restringe el consumo a los hogares y al sector primario sostenible”, ha señalado Salustiano Luque coportavoz del Partido Verde.
El Partido Verde defiende la innovación tecnológica, pero bajo criterios estrictos de sostenibilidad, soberanía pública y decrecimiento del consumo superfluo. Por ello, la formación exige a la Junta de Andalucía, y por consiguiente al Ayuntamiento de Málaga, una serie de medidas clave para permitir este tipo de proyectos: en primer lugar, reclamamos una transparencia radical y acceso a la información, exigiendo que se hagan públicos de manera íntegra los informes de impacto ambiental, así como las previsiones reales de consumo de agua y electricidad de la infraestructura proyectada. En segundo lugar, instan a la garantía del recurso público, instando a blindar el abastecimiento de agua a la población y a los sectores productivos locales tradicionales frente a las demandas voraces de la industria tecnológica. Por último, exigen una planificación energética justa que frene la implantación desordenada de macroproyectos. Estos proyectos tensionan la red eléctrica pública y desvían recursos renovables que deberían servir para la descarbonización justa de los hogares y de la pequeña y mediana empresa.
“La verdadera modernidad no consiste en colgarse medallas de capital tecnológica a costa de agotar los recursos naturales de nuestra tierra. Apostamos por una transición digital verde y justa, donde la economía esté al servicio de las personas y del planeta, y no al revés”, concluye Ana María Carnero coportavoz provincial.
0 comentarios