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El Gobierno andaluz ha expresado su malestar por el reparto previsto en la planificación estatal de inversiones en la red eléctrica para el periodo 2025-2030, que asciende a 8.130 millones de euros. La Junta considera que el Ministerio para la Transición Ecológica ha cometido un “trato injusto” con Andalucía, al incluir solo el 23% de las actuaciones solicitadas por la comunidad.
De las 111 infraestructuras planteadas por el Ejecutivo andaluz en marzo, solo 25 han sido recogidas en el documento estatal. Ante esta situación, el Gobierno de Juanma Moreno ha anunciado que presentará alegaciones antes del 16 de diciembre, fecha límite para introducir cambios en el plan.
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, defendió que la inversión prevista para Andalucía —un 11,8% del total— está muy por debajo de su peso poblacional (17,8%), territorial y energético (15%). “El reparto no responde ni al peso de Andalucía en España ni a sus necesidades industriales”, señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
Paradela admitió, no obstante, cierta satisfacción por la inclusión de proyectos de hidrógeno verde y de la Faja Pirítica de Huelva, así como de los ejes de 400 kilovoltios en Huelva, Jaén y Granada. Pero subrayó que el 60% de las inversiones previstas para la comunidad se destina a resolver carencias generales del sistema eléctrico, y no a impulsar el desarrollo industrial andaluz.
Según los cálculos de la Junta, de los 8.130 millones de euros totales, solo 458 millones se dirigen a nuevas actuaciones en Andalucía, mientras que 502 millones corresponden a proyectos ya arrastrados de la planificación anterior.
Entre las carencias más graves, la Junta destaca la exclusión del eje de 400 kilovoltios Córdoba-Extremadura (Maguilla-Peñarroya-Lancha), que considera una “infraestructura esencial” para el desarrollo del norte de Córdoba y las comarcas del Valle del Guadiato y Los Pedroches.
El Ejecutivo autonómico denuncia además que provincias como Córdoba, Cádiz y Málaga apenas ven atendido el 10% de las peticiones remitidas al Estado.
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