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La senadora socialista por Córdoba, María Ángeles Luna, ha valorado la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que reforma la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, calificándola como «uno de los mayores avances sociales de los últimos años». Según la parlamentaria, esta reforma adapta la legislación española al nuevo artículo 49 de la Constitución y consolida un modelo centrado en los derechos, la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Luna sostiene que la reforma abandona el enfoque asistencial tradicional para situar a la persona en el centro de las políticas públicas, garantizando su derecho a decidir cómo y dónde vivir, así como los apoyos que necesita. La senadora destaca que las medidas beneficiarán directamente a más de cuatro millones de personas con discapacidad y a casi 1,7 millones de personas en situación de dependencia, además de reforzar el apoyo a sus familias y cuidadores.
Entre las principales novedades de la reforma señala el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad para las personas con dependencia de grado I y del 65 % para quienes tengan reconocidos los grados II y III. También incorpora la teleasistencia como un derecho subjetivo, flexibiliza la asistencia personal y la ayuda a domicilio, elimina incompatibilidades entre prestaciones, refuerza la protección de mujeres, niñas y niños con discapacidad y crea un Programa Estatal de Accesibilidad Universal para impulsar la eliminación de barreras.
La senadora enmarca estas modificaciones dentro del refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y recuerda que el Gobierno de España ha aprobado una financiación extraordinaria de 6.200 millones de euros para fortalecer el sistema. A su juicio, estos recursos deben servir para reducir las listas de espera, incrementar las prestaciones, mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector y reforzar los servicios públicos de atención a la dependencia.
En su intervención, Luna dirige buena parte de sus críticas a la gestión de la Junta de Andalucía. Afirma que, pese al aumento de la financiación estatal, Andalucía continúa registrando algunos de los peores indicadores del país en la tramitación de expedientes de dependencia y en la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), lo que, según denuncia, retrasa durante meses e incluso más de un año el acceso efectivo de los beneficiarios a las prestaciones y servicios reconocidos.
La parlamentaria sostiene que el problema en Andalucía «ya no es de recursos, sino de gestión y de voluntad política», y acusa al Gobierno andaluz de no convertir con la suficiente rapidez los recursos económicos disponibles en derechos efectivos para los ciudadanos. En ese sentido, asegura que «cada día de retraso significa una persona dependiente sin atención y una familia sobrecargada», lamentando que, en algunos casos, haya personas que fallezcan antes de recibir las prestaciones que les corresponden.
Finalmente, María Ángeles Luna defiende que el Gobierno central continúa apostando por ampliar derechos y fortalecer el Estado del bienestar mediante esta reforma, que considera una inversión en dignidad, igualdad y justicia social, al tiempo que contrapone esta política a la gestión que atribuye al Ejecutivo andaluz.
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