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Madrid volvió a ser este miércoles día 25 de marzo escenario de una reivindicación tan humana como incómoda: la de quienes no aceptan el paso del tiempo como respuesta. A las puertas del Congreso de los Diputados, familiares de David Rodríguez y Javier Marañón entregaron más de 60.000 firmas para exigir lo que consideran elemental: que el Estado actúe para lograr su liberación.
Pero esta vez no estuvieron solos. Hasta la capital llegaron también familiares, amigos y vecinos de ambos, desplazados en dos autobuses —uno desde cada localidad de origen— para acompañar la reivindicación. No fue un gesto menor: fue la prueba de que detrás de esta causa hay comunidades enteras que sienten el caso como propio.
En la misma calle del Congreso, frente a la mirada de viandantes y representantes públicos, se concentraron para visibilizar su situación. Allí, entre pancartas y silencios cargados de emoción, se escuchó una voz que resumía meses de dolor contenido. Aarón Marañón fue el encargado de leer el comunicado, haciéndolo ante numerosos medios de comunicación —prensa escrita, radio y televisión— que recogieron el testimonio de las familias.
No fue un acto político al uso. No hubo grandes consignas ni teatralización. Hubo, sobre todo, rostros marcados por la preocupación y una determinación difícil de ignorar. Detrás de cada firma, una historia de empatía; detrás de cada palabra pronunciada, meses de incertidumbre.
David y Javier llevan más de un año privados de libertad en Guinea Ecuatorial. Según denuncian sus familias, más de 14 meses sin acusación formal, sin garantías, sin contacto suficiente con el exterior. La situación que describen no es solo jurídica, sino profundamente humana: deterioro físico, desgaste mental y una sensación creciente de abandono.
“Están viviendo un infierno”, se lee en el manifiesto que ha circulado en los últimos meses y que este miércoles volvió a resonar en los pasillos del Congreso. No es una frase retórica. Es el resumen de una angustia prolongada que, según los allegados, se agrava con cada día que pasa sin avances visibles.
La jornada no se limitó a la entrega de firmas. Los familiares mantuvieron reuniones con representantes de todos los grupos parlamentarios. El objetivo: lograr una mediación firme que trascienda declaraciones y se traduzca en acciones diplomáticas concretas. Buscan compromisos, no gestos.
Aquí es donde el caso adquiere una dimensión incómoda. España ha demostrado en otras ocasiones capacidad de movilización rápida para asistir a ciudadanos en el extranjero. Por eso, la pregunta que sobrevuela —y que los familiares formulan sin rodeos— es clara: ¿por qué en este caso no ocurre lo mismo?
No hay una respuesta oficial que despeje esa duda de forma concluyente. Y en ese vacío crece la frustración. Porque cuando la maquinaria institucional no ofrece resultados, el tiempo deja de ser un factor neutral y se convierte en un enemigo.
Las más de 60.000 firmas no son solo un número. Son un termómetro social que indica que este caso ha dejado de ser privado para convertirse en una preocupación colectiva. La sociedad, al menos una parte significativa de ella, ha tomado posición.
Sin embargo, la presión social, por sí sola, no libera a nadie.
Las familias lo saben. Por eso han decidido no detenerse. Han llevado su causa al corazón político del país, han tocado todas las puertas y han dejado claro que no aceptarán el desgaste como estrategia. “No pueden esperar más”, repiten.
El desenlace sigue abierto. Pero hay algo que ya ha quedado definido: frente al silencio, han elegido insistir. Frente a la resignación, exponerse. Y frente al paso del tiempo, convertir la espera en acción.
Porque cuando lo que está en juego son vidas, la paciencia deja de ser una virtud y empieza a ser un lujo que nadie puede permitirse.
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