El conflicto laboral en la empresa Forus, encargada de la gestión de instalaciones deportivas en Córdoba, ha estallado tras el despido de dos trabajadoras, una de ellas delegada sindical, en lo que los sindicatos califican como un ataque directo a la libertad sindical.

Forus, con sede en Madrid, gestiona instalaciones deportivas construidas con fondos públicos a través de la Junta de Andalucía y posteriormente cedidas al Ayuntamiento. Sin embargo, desde el ámbito sindical se acusa a la empresa de convertir un servicio público en un negocio privado, con condiciones laborales precarias —bajos salarios, jornadas irregulares y falta de derechos— y tarifas elevadas que dificultan el acceso a la ciudadanía.

Según la denuncia sindical, la empresa nunca ha permitido la celebración de elecciones sindicales. Cada intento de organización ha sido respondido con el aislamiento o despido de quienes lo promueven. En el caso más reciente, una de las trabajadoras habría sido cesada por impulsar la recogida de firmas necesarias para convocar elecciones, mientras que la delegada sindical fue despedida tras solicitar por escrito la copia básica de los contratos laborales, documento que la empresa está obligada a facilitar por ley.

Las razones oficiales del despido —como “falta de empatía con un usuario” ocurrida supuestamente hace más de un año— son calificadas por los sindicatos de “excusa infantil” y una “ofensa a la inteligencia”, al tratarse de una empresa que gestiona instalaciones públicas.

El comunicado sindical señala además la responsabilidad del Ayuntamiento de Córdoba y del alcalde José María Bellido, a quien acusan de permitir que en instalaciones bajo su competencia se vulneren derechos fundamentales como la libertad sindical.

Desde las organizaciones laborales se exige la readmisión inmediata de las trabajadoras y el respeto al derecho de representación sindical, al tiempo que denuncian la complicidad institucional con estas prácticas. “Libertad sindical en Forus, readmisión de las dos trabajadoras” es el lema con el que concluye el manifiesto difundido por los representantes sindicales.

El caso ha reavivado el debate sobre la privatización de servicios públicos deportivos y sus consecuencias sobre los derechos laborales, recordando que las instalaciones fueron construidas con dinero público y deberían servir prioritariamente al interés general. Mientras tanto, la presión sindical continúa y no se descartan nuevas movilizaciones si la empresa no rectifica.