Pocos aspectos de la vida social, económica y cultural podrían concebirse en la actualidad sin el importante soporte que representan los recursos de diferentes ámbitos del dominio público. Sobre el espacio urbano, interurbano y ultraterrestre se planifican y desarrollan todo tipo de actividades que, junto al aprovechamiento del acervo de conocimientos, debidos a los avances científico-técnicos de la humanidad en su conjunto, utilizan bienes limitados y a veces escasos como el agua, el aire, los minerales y el petróleo, el espectro de frecuencias etc., etc. El uso de estos bienes materiales que por su actual deterioro precisan cada vez más de especial protección, o al menos de un empleo racional para su disfrute social justo y equilibrado, debe planificarse cuidadosamente para no alterar sus ciclos de recuperación y con miras a la necesidad que de ellos tendrán las futuras generaciones. De ahí que su carácter comunitario sea aún ineludible.
Igualmente muchas de las industrias y empresas que se establecen, no podrían funcionar, si para la producción y distribución para el consumo, de las mercancías que fabrican o servicios que suministran, no se sirvieran del dilatado espacio de lo público, como son las infraestructuras de transportes y comunicaciones, los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, los acopios de grandes volúmenes de agua, o bien los valores añadidos que suponen las concentraciones urbanas y las redes culturales, educativas y de salud.
El cibernético, sesudo y prepotente capitalismo de nuestro tiempo, se encuentra ahora que no sabe avanzar sin el fácil concurso masivo de estos bienes de capital, de trabajo y de relación humana de propiedad colectiva. Para seguir desviando hacia grupos minoritarios la mayor parte de los beneficios a escala nacional o de un grupo de países, no le basta con adquirir a menor precio cada día las mejores habilidades y aptitudes, ¿competitividad?, si no que se fundamenta primordialmente en poner a su servicio aquella otra habilidad llamada «ingeniería financiera», a cuyas órdenes se disponen las técnicas de la sociología de masas y no muy distante la técnica militar en su caso.
Pero la novedad del capitalismo de masas, hoy día imperante, no es solo que tiene que ocupar, dominar y hasta esquilmar más amplios espacios del patrimonio comunitario en diversos países bajo su mega estrategia de mundialización; a más de ello, necesita requisar aquella parcela del espacio-tiempo reservada hasta ahora para el desarrollo personal del ciudadano en sus facetas creativas y recreativas, de reflexión y de relajo. Esta intromisión, proyectada para invadir los micro ámbitos individuales de grades extensiones de población, e integrarlos en los actuales mecanismos productivos, se apoya en los medios de comunicación de masas y las técnicas del multimedia hoy tan en boga. En este sentido, tanto la riqueza histórico-artística, como la lengua hablada y escrita y el resto de los sistemas socioculturales de un país, sobre los que se conforma su identidad, que con la inteligencia y el trabajo del hombre como ser social han ido decantándose a lo largo de muchos siglos, suponen la delicada oblea simbólica sobre la que actúan sin recato las modernas industrias culturales para obtener sus plusvalías.
Las llamadas autopistas de la información y los nuevos servicios, que según nos anuncian van a revolucionar nuestros modos de trabajo y comportamiento en el Siglo XXI, al igual que la radio, la televisión o el teléfono tienen que recurrir para su funcionamiento a muchos medios adscritos hasta ahora a la esfera de lo público. Así, las frecuencias hertzianas y el segmento espacial de las orbitas geoestacionarias para los satélites de comunicaciones, asignados a cada país por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); la servidumbre de paso urbana e interurbana de que gozan los cables y sistemas de comunicaciones que representan un bien esencial por su carácter estratégico, de seguridad, económico y de articulación del estado; y las infraestructuras de transporte de señales de telecomunicaciones, que como las redes de Telégrafos, Telefónica, RTVE e Hispasat en España, se deben a las grandes inversiones de billones de pesetas realizadas por el propio Estado o las Empresas Públicas. En su desarrollo han gozado del amparo de la Ley de Expropiación Forzosa, fundamentado en el servicio público que debían prestar, y ahora constituyen un atractivo territorio para las multinacionales del sector. Para ello, y arguyendo las ventajas de la globalización del mercado, las nuevas corrientes liberalizadoras justifican en pos de la modernidad, la competitividad y la eficacia, la total desregulación de estas redes y servicios, al objeto de que nuevos operadores encuentren un terreno abonado en nuestro país y entren en el negocio, tanto de los clásicos como de los servicios avanzados de telecomunicación y el multimedia.
En estos proyectos, que derivan en pérdida de soberanía de los estados, la colaboración de los gobiernos nacionales está siendo fundamental al objeto de romper el llamado» proteccionismo», pero puede suceder -como ocurrió tras la aparición de la televisión privada en España, que para dar más de lo mismo, o peor, se facilitó la venta de la Red de Transporte y Difusión de RTVE a precio de saldo- que estos nuevos sistemas de telecomunicación accedan a las infraestructuras de red existente y/o instalen otras, al serle concedido todo o parte del patrimonio público en esta materia, solo con el objetivo económico.
Muchas preguntas se nos plantean al respecto, como, por ejemplo: ¿Se va a incrementar, sustancialmente con estas medidas el empleo en nuestro país, en los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual? ¿Redundarán estas redes en beneficio de la colectividad, garantizándose la universalidad de los servicios a prestar?, ¿Se va a definir de forma plural la prioridad en cuanto servicios y contenidos a producir? ¿Quiénes podrán producir contenidos, cómo serán estos y quién controlará que sus fines sean pacíficos, solidarios y democráticos? ¿O lo que se pretende, con el argumento de la pluralidad, es generar ruido para dificultar la libre percepción y elección de los ciudadanos ante las ofertas económica y políticas que se le presentan? Este tipo de cuestiones deben ser planteadas y solventadas desde el mayor conocimiento posible de los ciudadanos y sus organizaciones. Si es que tenemos que ceder para el mercado nuestro pecunio social, habrá que sopesar los pros y los contras y valorar, si como generalmente sucede, lo que interesa a pocos nos pueda costar muy caro a la mayoría.
Nicolás Puerto Barrios. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones
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