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La reforma de la Ley de Dependencia ha dado un paso importante. El Pleno del Senado aprobó este miércoles, 9 de septiembre, el proyecto que modifica tanto la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia como la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pero la reforma todavía no es definitiva.
El Senado ha introducido modificaciones en el texto, por lo que ahora tendrá que regresar al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación. Así consta en la información oficial publicada por la Cámara Alta tras la sesión de este miércoles.
La reforma plantea cambios importantes en un sistema que afecta directamente a miles de familias. Uno de ellos es que las personas en situación de dependencia tengan más capacidad para decidir cómo quieren ser atendidas, dónde vivir y qué apoyos recibir, teniendo en cuenta su voluntad, necesidades y preferencias. El texto reconoce expresamente el derecho a recibir cuidados personalizados y a elegir el lugar de residencia y con quién vivir.
También se amplía el catálogo de servicios. Junto a la ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, asistencia personal o atención residencial, aparecen los cuidados y apoyos en viviendas y la provisión de productos destinados a mejorar la autonomía personal. Estos últimos podrán facilitarse mediante sistemas de préstamo o cesión temporal.
Otro asunto especialmente importante para las familias es la compatibilidad entre prestaciones y servicios. La reforma pretende eliminar barreras que actualmente dificultan combinar diferentes ayudas. No obstante, aquí hay un detalle que conviene dejar claro: las incompatibilidades establecidas actualmente por las comunidades autónomas no desaparecen de manera inmediata. El texto fija que deberán adaptar sus normas antes del 1 de enero de 2030 para garantizar la compatibilidad de las prestaciones de base domiciliaria.
También se refuerza la asistencia personal para las personas dependientes, independientemente de su grado, con el objetivo de favorecer una vida lo más autónoma posible. Las administraciones deberán además vigilar las condiciones laborales y la formación de quienes desarrollen este trabajo.
El Estado deberá garantizar el 50 % de la financiación
Uno de los cambios de mayor calado está en el dinero destinado al sistema. El texto aprobado en el Senado establece que la Administración General del Estado deberá garantizar una financiación equivalente al 50 % del gasto total certificado por cada comunidad autónoma en el ejercicio anterior, sin incluir en ese cálculo la aportación económica realizada por las propias personas beneficiarias.
La reforma incluye además otras medidas, como considerar los servicios sociales servicios esenciales, recuperar determinadas prestaciones económicas para cuidados familiares que estuvieran suspendidas y dar consideración de colectivo prioritario para las políticas de empleo a cuidadores incluidos en un Programa Individual de Atención que hayan tenido que abandonar su actividad laboral o profesional para hacerse cargo de una persona dependiente.
También cambia el momento a partir del cual se genera el derecho a las prestaciones. El texto establece que será desde la resolución que las reconozca o, si la Administración no ha resuelto, cuando hayan transcurrido seis meses desde la presentación de la solicitud.
Todavía no está en vigor
Este último punto es fundamental para evitar confusiones. Que el Senado haya aprobado la reforma no significa que todas estas medidas estén ya aplicándose.
El proyecto ha salido del Senado con modificaciones y debe regresar al Congreso. Será allí donde se dé el siguiente paso para alcanzar su aprobación definitiva. A fecha de este 10 de septiembre, la propia información parlamentaria mantiene la reforma dentro de las leyes en tramitación.
Por tanto, estamos ante una reforma que, si culmina su tramitación con estas medidas, supondrá cambios importantes para las personas dependientes, sus familias y quienes las cuidan. Ha superado el Senado, pero todavía queda el último trámite parlamentario antes de poder hablar de una ley definitivamente aprobada.
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