El peñarriblense Javier Marañón, administrativo de 52 años, y el granadino David Rodríguez, técnico de vídeo de 46, llevan alrededor de 20 meses encarcelados en Guinea Ecuatorial. Sus familias han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Asuntos Exteriores por lo que consideran una falta de resultados efectivos para conseguir su liberación y garantizar sus derechos.

Las familias de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta han decidido dar un nuevo paso después de meses de reuniones, movilizaciones y peticiones de ayuda para conseguir que ambos regresen a España. Han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por los perjuicios que, según sostienen, les está ocasionando la falta de una solución al caso. El País cifra la reclamación en 180.000 euros.

Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, tiene 52 años y trabajaba como administrativo, mientras que David Rodríguez, granadino de 46 años, ejercía como técnico de vídeo. Ambos fueron detenidos en enero de 2025 cuando se encontraban en Guinea Ecuatorial trabajando en un proyecto relacionado con la implantación de la televisión digital terrestre.

Desde entonces permanecen en prisión provisional. Las familias sostienen que se trata de dos trabajadores sin responsabilidades directivas ni capacidad de decisión sobre el contrato empresarial que está detrás del procedimiento. Aarón Marañón, hermano de Javier, recuerda que uno era administrativo y el otro técnico y cuestiona que puedan ser responsabilizados por los problemas relacionados con un contrato empresarial que cifra en 33 millones de euros.

Las familias denuncian que siguen sin una solución

El abogado de las familias, Manuel Madrid Almoguera, explica que la reclamación llega después de las diferentes reuniones mantenidas con Exteriores y ante lo que consideran una ausencia de resultados prácticos.

El letrado reconoce que durante este tiempo se han producido visitas consulares, pero sostiene que estas gestiones no han desembocado en la puesta en libertad de Javier y David ni, según su versión, en una mejora suficiente de las condiciones en las que permanecen encarcelados.

La situación contrasta con las expectativas que las propias familias manifestaron el pasado mes de mayo, después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Entonces explicaron que el ministro les había informado de las gestiones realizadas y se había comprometido a trabajar para que se respetaran los derechos fundamentales de los detenidos y buscar una solución que facilitara su liberación.

Cuatro meses después, las familias consideran que esos contactos no han producido los resultados esperados y han optado por abrir esta nueva vía de reclamación.

Preocupación por su estado de salud

Uno de los aspectos que más inquieta a ambas familias es la salud de los dos españoles.

En el caso de Javier, su hermano Aarón ha explicado que la familia ha tenido conocimiento de que sufre taquicardias y asegura que actualmente no le permiten seguir el tratamiento que recibía, pese a haber aportado un informe del que tendría conocimiento la Embajada española.

Javier llegó además a mantener una huelga de hambre durante algo más de un mes, que posteriormente abandonó. Su familia recuerda también una circunstancia especialmente dura: tiene una hija que apenas contaba con unos meses cuando fue encarcelado y a la que no ha vuelto a ver desde entonces.

También existen problemas de salud en el caso de David Rodríguez. Su padre, Antonio Rodríguez, ha explicado que es hipertenso y que le han aparecido bultos sobre una rodilla. La familia ha solicitado que pueda recibir la visita de la cónsul española acompañada por un médico.

Sin libertad y sin fecha próxima para el juicio

Después de alrededor de 20 meses de encarcelamiento, las familias aseguran que Javier y David continúan sin una fecha próxima para la celebración del juicio.

El abogado cuestiona la prolongación de la prisión provisional y sostiene que el procedimiento presenta serias dudas desde el punto de vista de la legalidad. Las familias mantienen igualmente que las condiciones de reclusión no respetan unos mínimos aceptables.

El caso ha llegado durante estos meses a distintas instituciones. Las familias han recurrido al Gobierno español, al Parlamento Europeo, a la Casa Real, a Naciones Unidas y al Vaticano. Además, entregaron en Exteriores más de 60.000 firmas recogidas para solicitar una intervención que permitiera el regreso de los dos trabajadores a España.

Ahora esperan la respuesta del Ministerio a la reclamación presentada. Según ha explicado Aarón Marañón, si no obtienen contestación por esta vía administrativa, las familias podrían llevar posteriormente el asunto a la vía judicial.

Para Peñarroya-Pueblonuevo el caso sigue teniendo un nombre muy cercano. Javier Marañón lleva desde enero de 2025 privado de libertad y separado de su familia y de su hija, mientras sus familiares continúan buscando una salida a una situación que se prolonga ya durante cerca de veinte meses