En una intervención en vídeo, Moro destaca la participación de los jóvenes y la presencia de banderas republicanas, cuestiona el seguimiento de la huelga en los centros de trabajo y reclama un parque público de viviendas a precios asequibles.

Paco Moro hace un balance «agridulce» de la huelga del 11 de noviembre. Celebra la respuesta de quienes salieron a la calle para protestar por el precio de la vivienda y los bajos salarios, pero considera que la movilización apenas se trasladó a los centros de trabajo. «En la mayoría de los tajos no se ha parado», afirma.

Moro explica que grabó el vídeo a petición de compañeros de distintos colectivos, entre ellos miembros del Comité Estatal de la Federación Sindical Mundial y de Unidad de Clases. Advierte de que aún falta perspectiva para hacer un análisis completo de la huelga y de sus consecuencias políticas y sociales. En su primera valoración, vincula el malestar expresado en la calle con lo que considera un retroceso de los derechos de los trabajadores en distintas comunidades autónomas y en el conjunto del país.

Las consignas antifascistas y las banderas republicanas

Moro encuentra una diferencia con el 15M en las consignas que, según relata, corearon los jóvenes durante las manifestaciones. Cita «¡Que viva la lucha de clases!» y «¡Aquí estamos los antifascistas!». A su juicio, esas consignas cuestionan la idea de que la extrema derecha se haya impuesto entre la mayoría de los jóvenes.

También destaca la presencia de banderas republicanas en las movilizaciones de la Península y de las islas, así como la acogida que, según su valoración, tuvieron entre los asistentes. Moro vincula esas banderas con la voluntad de cambiar de régimen. Considera que la monarquía y la estructura de poder que la sostiene limitan las posibilidades de avanzar en derechos sociales y protegen los intereses del capitalismo.

El desahucio y el papel de los piquetes

Moro sitúa entre los detonantes de la protesta el desahucio de una persona de 87 años que, según su relato, falleció posteriormente. Califica el desahucio de injustificado y abusivo y critica el despliegue policial. Lo describe como «la espita» de un malestar que, en su opinión, llevaba tiempo acumulándose. Defiende que la respuesta en la calle tenga continuidad y se traduzca en avances sociales que vayan más allá de la actividad parlamentaria.

En su balance reivindica el esfuerzo de quienes participaron en los piquetes y denuncia que algunos sufrieron una fuerte represión policial. Afirma que los piquetes se organizaron en numerosos lugares y que en otros faltó el respaldo de CCOO y UGT.

Críticas a CCOO y UGT y a los acuerdos laborales

Moro considera un error que el Sindicato de Inquilinas buscara el respaldo de CCOO y UGT para legitimar la movilización. A su juicio, el apoyo sirvió a ambas centrales para recuperar visibilidad en un momento en el que, según sostiene, han perdido credibilidad entre parte de su afiliación y de sus propios delegados. Llega a calificarlas de «agentes de la patronal» y sostiene que recurrieron a otras organizaciones sindicales para evitar quedar aisladas en la convocatoria.

Entre los motivos de su crítica cita el respaldo de ambas centrales a la reforma de las pensiones de 2011, a la que vincula con el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, y sostiene que ahora se está prolongando hasta los 72. También cuestiona el papel de las mutuas patronales en la gestión de las bajas por enfermedad común y critica que Alberto Núñez Feijóo ponga el foco en el absentismo laboral. Frente a ese debate, Moro cifra en 300 los accidentes laborales mortales en lo que va de año y reprocha al dirigente del PP que, en su opinión, no les haya prestado atención.

Moro carga asimismo contra los convenios con subidas inferiores al IPC y los acuerdos generales de negociación colectiva, que considera perjudiciales para el poder adquisitivo de los trabajadores. En cuanto al salario mínimo interprofesional, sostiene que su aplicación puede absorber complementos como los de antigüedad o trabajo en domingo y señala el plus de transporte como excepción. Critica además los planes de pensiones de empleo, que vincula con la privatización de las pensiones, y pone como ejemplo el convenio estatal de la construcción.

Su crítica alcanza a la CNT, la CGT y otras organizaciones sindicales. Les reprocha que no cuestionaran el papel de CCOO y UGT ni plantearan una estrategia diferente. Como alternativa, cita las huelgas escalonadas que se llevan a cabo en Francia.

La actuación policial y la Ley de Seguridad Ciudadana

Moro acusa a la Policía de actuar durante la huelga y en las protestas previas en favor de los intereses de la patronal. También sostiene que las cargas policiales buscaban alejar a los jóvenes del Gobierno. En la misma línea, afirma que en sectores de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad hay personas a las que vincula con Vox y califica de fascistas.

Atribuye a determinados sindicatos policiales una orientación política de extrema derecha y cita como ejemplo su oposición a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. También sostiene que esas organizaciones cuentan con el respaldo de parte de la judicatura.

Vivienda pública y ruptura con el régimen del 78

Para Moro, el conflicto de fondo es la lucha contra el capitalismo. En materia de vivienda, sostiene que la especulación se ha desplazado de la compra financiada con hipotecas al alquiler. En la primera etapa señala el papel del Banco Central Europeo. En la segunda, apunta a los grandes fondos y sociedades que concentran viviendas. Llega a atribuir a algunas de ellas hasta dos millones y medio de inmuebles y las responsabiliza del encarecimiento de los alquileres.

Moro considera que el sistema actual limita la capacidad del Estado para intervenir frente a la iniciativa privada. Su propuesta es que cree un parque propio de viviendas y las ponga también a la venta «a unos precios que sean asequibles» para los trabajadores.

De cara a las elecciones, Moro se pregunta qué lectura se hará de la protesta y si quedará alguna estructura capaz de dar continuidad a las reivindicaciones. Su conclusión va más allá del seguimiento de la huelga. Defiende «salir de la órbita del régimen del 78» y sostiene que, mientras se mantenga ese marco, se repetirán los ciclos de protesta y aparecerán nuevas formas de explotación laboral.