6 de noviembre de 2024

Primeras medidas de Sánchez, tarde e insuficientes ¡Por un plan de emergencia y reconstrucción al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares!

 

Jaime Castán

 

Este martes tras su Consejo de ministros, Pedro Sánchez ha anunciado un primer paquete de medidas tras la catástrofe del DANA. Como en la pandemia, entre medidas paliativas insuficientes para la clase trabajadora y sectores populares, destacan un nuevo salvataje del que se beneficiarán sobre todo las empresas y deja sin resolver los problemas de fondo generadores de este desastre.

A una semana de la catástrofe del DANA que afectó al País València y otras provincias limítrofes, el Gobierno del PSOE y Sumar, con Pedro Sánchez al frente, ha anunciado este martes tras la reunión del Consejo de ministros, el primer paquete de medidas valorado en 10.600 millones de euros.

Como ya sucedió en 2020 durante la pandemia las grandes empresas se frotan las manos. A pesar de su responsabilidad en la tragedia ellas vuelven a ser beneficiarias de muchas de ellas y, sobre todo, no se les pide ni un euro para que contribuyan a sufragar la reconstrucción y las medidas de emergencia.

En el Consejo se ha aprobado la zona catastrófica, elevando así la de zona gravemente afectada que se mantenía hasta hoy. Con de 200 personas han perdido la vida, y desconociéndose las cifras reales de desaparecidas, y con un nivel de destrucción similar a una guerra, era incomprensible que esto no se hubiera decidido de forma inmediata.

El paquete incluye la suspensión del segundo pago del IRPF de la Renta 2023 para los contribuyentes de la provincia de Valencia, sin distinguir entre las rentas más altas o millonarias – que, además, no residen en los municipios afectados – y las familias trabajadoras y humildes directa o indirectamente afectadas ¿Por qué habría que perdonarle a Juan Roig o los CEO de Mercadona empadronados allí que paguen sus impuestos?

De la misma forma que se aprueba una línea de avales y créditos gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a bajo interés, sin especificar si esta se destinara a los autónomos y pequeños negocios que han sido arrasados, o también se podrán beneficiar grandes cadenas y multinacionales como las que obligaron a sus trabajadoras a permanecer en el puesto de trabajo con consecuencias fatales.

Para los afectados, el gobierno del PSOE y Sumar plantea algunas ayudas directas para la reparación de viviendas y enseres perdidos, completamente insuficientes. Sánchez ha destacado ayudas de 72.000 euros, pero solo en casos de discapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para reparación de vivienda dañadas, 10.300 euros para bienes inmuebles, electrodomésticos u otros enseres, y hasta 37.000 euros para reparaciones de las comunidades de vecinos. Como vimos en el caso de la tragedia del volcán de la Palma, la ruina sobrevenida para miles de familias no se va a poder revocar con estos importes.

De entre las medidas en favor de las empresas destaca la recuperación la figura del ERTE de la pandemia, convertidos en medida estructural con la reforma laboral de Yolanda Díaz. Se vende esta medida como un seguro para proteger el empleo, pero lo cierto es que tanto en 2020 como hoy está diseñada para liberar a las grandes empresas a pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. Este tipo de suspensiones, en particular en las grandes empresas, deberían correr a cargo de los beneficios empresariales acumulados o, en todo caso, un fondo constituido por impuestos extraordinarios sobre los mismos.

Mientras tanto, como en la pandemia, las trabajadoras y trabajadores afectadas van a ver mermados sus ingresos si se ven afectados por un ERTE, perdiendo un 30% del salario. Esto si no pierden directamente el empleo, pues la anunciada prohibición de despedidos, como al de 2020, que anunció estos días la ministra de Trabajo de Sumar, no implica su declaración como nulos.

De la misma manera que otra medida anunciada, la “figura de incapacidad temporal extraordinaria” para personas dañadas física o psicológicamente, tan solo garantizará el cobro del 75% del salario.

Si a la clase trabajadora ya le costaba llegar a fin de mes ¿Qué va a pasar ahora que va a ver rebajar sus ingresos después de haber sufrido una catástrofe descomunal? Porque los trabajadores van a tener que seguir pagando el alquiler y otros gastos. Incluso aquello que están hipotecados, y cuyas casas han podido quedar inhabitable, solo podrán acogerse a un aplazamiento de tres meses de las cuotas de las hipotecas.

¡Por un plan de emergencia y reconstrucción al servicio de la clase trabajadora y sectores populares, bajo control de trabajadores y comités de afectados!

Al igual que durante la pandemia, las medidas llegan tarde, son insuficientes y están lejos de poner todos los recursos disponibles al servicio de la emergencia y la reconstrucción. Porque de nuevo, el gobierno no va a cuestionar ni un ápice la propiedad privada y el interés de las grandes empresas, profundizando este crimen social del que también es responsable. La clase trabajadora y los sectores populares hemos puesto los muertos y ahora quieren que paguemos el coste de la catástrofe.

En primer lugar, porque no se va a discutir de dónde se obtiene la financiación para la reconstrucción: va a ser con dinero público y no con un impuesto extraordinario a las grandes empresas que, como Amazon, Inditex, Mercadona o Ikea, que no solo obtienen enormes beneficios anuales explotando a sus trabajadores, sino que están directamente implicadas en la tragedia por haber obligado a sus trabajadores a continuar en sus puestos de trabajo en medio de la DANA, muchos de los cuales perdieron la vida.

Es necesario un plan ambicioso frente a la desastrosa gestión capitalista del Gobierno. Porque recursos económicos hay muchos, sólo basta con mirar los beneficios de los últimos trimestres del Ibex 35. Sólo el beneficio anual de los grandes bancos del Estado español triplica la inversión anunciada por el Consejo de ministros.

Del mismo modo, es necesario poner a disposición de la reconstrucción de las regiones afectadas todos los recursos materiales e infraestructuras de las empresas: camiones y medios de transporte, maquinaria pesada, hoteles y pisos vacíos, mercancías, etc. En definitiva, un programa para que esta situación la paguen los capitalistas, que son los responsables, y no la clase trabajadora y los sectores populares.

La semana pasada, desde la CRT propusimos una serie de medidas de urgencia y de fondo a partir de varios ejes: refuerzo de todos los servicios civiles de emergencia; el control obrero sobre los productos de primera necesidad para su distribución, junto a los vecinos y vecinas, entre los afectados, así como sobre la reanudación o suspensión de las actividades; la suspensión de los alquileres y anulación de todas las hipotecas y créditos de las personas afectadas; que todos los pisos vacíos de grandes propietarios y establecimientos hoteleros pasen a estar bajo el control de comités de vecinos y vecinas; y permisos remunerados para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que deban ausentarse de su puesto de trabajo para atender las consecuencias de esta crisis.

Hay que exigir a las burocracias sindicales de CCOO y UGT, que también son cómplices de este drama y acaban de llamar a la vergonzosa «medida de lucha» de 10 minutos de paro ante la catástrofe provocada por la DANA, que rompan su subordinación a los responsables políticos y empresariales de este crimen social capitalista.

Es necesario organizar la solidaridad de clase y llamar a verdaderos paros y movilizaciones por un plan que incluya el refuerzo de todos los medios de emergencia civiles, permisos retribuidos, control de la plantilla sobre la suspensión de actividades, suspensión de alquileres e hipotecas y una replanificación urbana que se adapte al cambio climático, en el camino de una huelga general que imponga medidas de fondo.

El plan de reconstrucción no puede quedar en manos de los responsables de esta crisis. Es preciso levantar una alternativa de los trabajadores y trabajadoras, junto a las vecinas y vecinos afectados, desde cada barrio y cada centro de trabajo en todo el Estado, coordinando de forma asamblearia y democrática la respuesta.

La clase trabajadora movilizada tiene la capacidad de poner el freno frente a la negligencia e irracionalidad de los gobiernos capitalistas y las patronales, porque lo ocurrido en Valencia no es un accidente. Es el capitalismo, y la única salida a esta y a las futuras catástrofes solo puede ser anticapitalista, socialista y desde abajo.

 

 

 

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