EL PORTAVOZ SOCIALISTA VE “DE JUSTICIA” CUBRIR LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD EN TAXI, QUE ACTUALMENTE TIENE SIN SERVICIO AL 60% DE LA PROVINCIA CON HASTA UNA DECENA DE MUNICIPIOS SIN UNA SOLA LICENCIA
El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha celebrado que el Gobierno del PP en la Corporación provincial se vea obligado a ampliar el servicio de taxis en las zonas rurales que, actualmente, deja fuera del programa de asistencia al 60% de los municipios de Córdoba, una iniciativa presentada por el Grupo Socialista que ha salido adelante en el pasado Pleno gracias al apoyo del resto de los grupos. Todos, menos el PP, que aun habiéndola votado en contra se ve obligado a ponerla en marcha al salir aprobada por mayoría.
Romero ha destacado la importancia de la moción por cuanto “es de justicia” y viene a mejorar la asistencia y la movilidad en las zonas rurales “garantizando la seguridad y la salud de habitantes, ya que el grueso de los desplazamientos en taxis está relacionado con citas médicas y sanitarias”, y ha agregado que “sólo en el norte de la provincia hay sólo 50 licencias de taxis para un total de 80.000 vecinos y vecinas”.
El portavoz ha insistido en que el Gobierno de Salvador Fuentes se ve forzado a activar una línea de ayudas para que las entidades locales puedan contratar o ampliar el servicio de taxi que garantice la movilidad de los vecinos y su acceso a los servicios básicos, sobre todo de quienes viven en las zonas rurales, al tiempo que ha implicado también a la Junta de Andalucía para que establezca conciertos con las asociaciones de taxi rural “para los desplazamientos obligados de la población para atención sanitaria o social”, así como a aumentar en la provincia de Córdoba el número de rutas dentro del Programa Andalucía Rural Conectada, “actualmente de sólo 4 rutas en las que se prestan dos servicios semanales debiendo ser concertados con una antelación mínima de 24 horas, resultando del todo insuficiente”.
En este sentido, Romero ha coincidido con el presidente de la Asociación del Taxi Rural de Córdoba, Antonio Barón, y el vicepresidente de la Unión de Autónomos del Taxi en Andalucía, José Hoyo, en que el servicio de taxi en la provincia “necesitaba urgentemente de un plan de mejora”, sobre todo después de las datos expuestos por el sector que hablan de que en los últimos 10 años se han perdido un total de 110 licencias, dándose la circunstancia de que hay municipios en la provincia que adolecen de un solo taxi para sus vecinos. Es el caso de Valsequillo, La Guijarrosa, Villaharta, Cañete de las Torres, Conquista, La Granjuela, Guadalcázar, Monturque y Palenciana, localidades que, además, no disponen de una línea de autobuses rurales.
El socialista ha recordado que el reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre declara el “carácter de servicio de interés público del transporte de viajeros en taxi”, dada la naturaleza de la actividad, ya que ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio.
Por ello, ha insistido en que “nuestra provincia está compuesta en su mayor parte por municipios pequeños, muchos de los cuales sufren un aislamiento geográfico, siendo zonas con baja demanda de transporte público que hace inviable la prestación de servicios por empresas concesionarias del transporte público colectivo, y no contando con un recurso regular que facilite el desplazamiento de los vecinos a los núcleos de población de referencia para el acceso a servicios básicos”. Romero ha hecho referencia a los vecinos y vecinas de avanzada edad que suelen tener limitaciones a la movilidad, y que ven en el taxi rural su única opción para satisfacer sus necesidades de movilidad obligada.
Actualmente en Córdoba existen 221 licencias de taxi operativas en la provincia, una cifra que ha ido disminuyendo debido a la falta de servicios motivado por la despoblación y el recorte de recursos derivados por ejemplo por el cese de conciertos con la Junta de Andalucía para atender desplazamientos para servicios sanitarios, que se ha visto reducido únicamente al programa de diálisis cuando anteriormente incluía otras atenciones, como oncología y otras especialidades.
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