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La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) en Córdoba ha vuelto a denunciar los incumplimientos laborales que sufren las trabajadoras del servicio de limpieza de los institutos públicos de la provincia, un problema que, según el sindicato, “lejos de resolverse, se agrava mes a mes”.
El secretario provincial de UGT FeSMC, Juan Martínez, recordó que los impagos comenzaron en diciembre de 2023 con la empresa MABRASER, contra la que el sindicato interpuso demandas por impago de nóminas. Tras el abandono de la empresa, el servicio fue asumido de forma temporal por LECOS-SOCEL, pero la situación “no ha mejorado”, ya que la nueva adjudicataria “tampoco estaría cumpliendo con la normativa laboral”.
Martínez explicó que se han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo y demandas en el Juzgado de lo Social por cuestiones como vacaciones, complementos al Salario Mínimo Interprofesional, atrasos de convenio y contratos irregulares. “MABRASER se fue sin pagar, y ahora LECOS-SOCEL está negando derechos y salarios a las trabajadoras, lo que demuestra la desprotección en la que la Administración las deja”, denunció el dirigente sindical.
El sindicato, que ostenta la mayoría de representación entre las trabajadoras afectadas, ha advertido que estará “más vigilante que nunca” para garantizar que en la próxima subrogación se respeten todos los derechos laborales. UGT critica además que la Junta de Andalucía haya vuelto a adjudicar el servicio a las ofertas más baratas, a pesar de los antecedentes negativos de las empresas SOLDENE y SERVILIMPSA, cuyos gestores —según el sindicato— “ya estuvieron al frente de MABRASER, la empresa que abandonó el servicio dejando nóminas impagadas”.
En este contexto, Martínez ha reclamado a la Administración autonómica que actúe “con responsabilidad y rigor”, exigiendo a las empresas contratadas el cumplimiento estricto de sus obligaciones sociales y laborales. “No se puede seguir adjudicando contratos públicos a empresas que luego no pagan ni garantizan un servicio digno, mientras se llevan dinero público”, subrayó.
UGT también recordó que las trabajadoras afectadas acumulan varias nóminas pendientes, por las que el sindicato ya ha iniciado acciones judiciales. Los gastos de estos procedimientos son asumidos por UGT, que garantiza la gratuidad incluso en las demandas individuales.
Finalmente, el sindicato vinculó este conflicto con la propuesta presentada por su secretaria general, Encarna Laguna, al alcalde de Córdoba, José María Bellido, para incluir en los pliegos de licitaciones una cláusula que permita rescindir contratos a empresas que vulneren los derechos laborales. UGT prevé elevar esta iniciativa al resto de instituciones públicas para evitar que se repitan situaciones similares.
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