La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha calificado el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 como “marketing electoral”, asegurando que son unas cuentas “fraudulentas y tramposas” que no afrontan “el mayor problema de Andalucía: la sanidad pública”. Desde el centro de salud de la Avenida del Aeropuerto, denunció que los presupuestos del Gobierno de Moreno Bonilla no responden al colapso del sistema sanitario, agravado por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama. Reclamó explicaciones sobre el origen del problema, su alcance y el número de afectadas, afirmando que “no puede haber plan de choque para lo que ni siquiera saben qué pasó”.
Crespín acusó al presidente andaluz de atribuirse logros que proceden del Gobierno de España, señalando que “el 80% del incremento presupuestario proviene de la mayor aportación estatal, fruto del trabajo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero”. Añadió que en estos siete años lo único que ha crecido es “el negocio de la sanidad privada”, al desviar más de 1.500 millones de euros a clínicas privadas, un asunto que, recordó, está siendo investigado judicialmente por presuntas irregularidades en contratos y adjudicaciones del SAS.
La dirigente socialista criticó que el dinero público no se refleja en la atención sanitaria: “No está en los centros de salud ni en los hospitales comarcales desmantelados, ni en las urgencias saturadas, ni en los más de 60.000 cordobeses en lista de espera, ni en los 50 municipios sin pediatra”. Además, denunció la precariedad laboral del personal sanitario, que provoca la marcha anual de un centenar de enfermeras y enfermeros formados en Córdoba hacia otras comunidades.
Crespín también rechazó los presupuestos en materia de dependencia y educación, aludiendo a los 5.000 mayores cordobeses en lista de espera, los 600 días de demora media y más de 1.000 fallecimientos anuales sin valoración. En educación, denunció el cierre de 350 aulas públicas desde que gobierna el PP, la falta de apoyo al alumnado con necesidades especiales, la escasez de plazas en Formación Profesional y la “apuesta descarada” por las universidades privadas frente al abandono de las públicas.
Por su parte, la parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio reforzó las críticas calificando el presupuesto como una “maniobra de publicidad y propaganda” sin credibilidad. Según explicó, de los 526 millones de inversión anunciados para Córdoba en 2026, si se descuentan los 100 millones que la Junta debe aportar para la Base Logística del Ejército de Tierra, la inversión por habitante se convierte en la más baja de Andalucía. Denunció además la bajísima ejecución presupuestaria de 2024: “De los 429 millones comprometidos, solo se han ejecutado 27, el 6% del total”.
Ambrosio criticó también la inacción en infraestructuras, señalando que en siete años de gobierno del PP “no se ha construido ni un solo kilómetro” de la Autovía del Olivar ni de la Autovía Córdoba-Jaén, y que la prometida conversión en autovía de la A-431 se ha reducido a simples reasfaltados. Concluyó preguntando “qué credibilidad tiene un gobierno que no ejecuta y no da respuestas a los problemas de los andaluces”.
En conjunto, las dirigentes socialistas acusan al Ejecutivo andaluz de inflar las cifras con fines electorales, desviar fondos hacia la sanidad privada y abandonar los servicios públicos, mientras Córdoba se mantiene entre las provincias andaluzas con menos inversión real y peores datos de ejecución presupuestaria.





























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