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La Junta de Andalucía plantea abrir el debate para establecer una edad mínima de acceso de menores a las redes sociales y reforzar las alertas en los protocolos de acoso escolar y ciberacoso. Así se recoge en las conclusiones del I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital ‘Andalucía frente al Acoso’, celebrado en Córdoba con la participación de cerca de un millar de personas.
La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, expuso las principales líneas de actuación, entre ellas la apertura de un debate jurídico para la posible tipificación del acoso escolar como delito y el estudio de que el traslado de centro del acosador sea la norma, con el objetivo de garantizar la protección de la víctima.
En el ámbito educativo, la Junta propone reforzar las alertas en los protocolos, de modo que cualquier denuncia sea comunicada desde el primer momento a la inspección educativa para mejorar el seguimiento y el asesoramiento de cada caso. Además, se trabajará para agilizar los procedimientos y facilitar respuestas más rápidas ante situaciones de acoso o autolesiones.
Castillo subrayó que, aunque Andalucía cuenta con un sistema sólido de convivencia y protección, “la era digital plantea nuevos retos que obligan a adaptarse”, defendiendo un enfoque preventivo, la detección precoz y una mayor coordinación entre centros educativos, familias y servicios especializados.
El cierre institucional contó con la participación del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y con la presencia de los consejeros Loles López y José Antonio Nieto, que coincidieron en la necesidad de un enfoque transversal frente a la violencia digital.
Desde Justicia se incidió en la falta de una tipificación clara del ciberacoso en la legislación actual y en la importancia de concienciar también a los acosadores sobre las consecuencias de sus actos. En este sentido, se destacó la creación del primer Observatorio de Justicia Juvenil público de España y Europa, para adaptar las medidas preventivas y reeducativas a los nuevos perfiles delictivos.
El congreso concluye como un punto de inflexión para avanzar en una convivencia segura y en la lucha contra el acoso, un objetivo compartido que, según la Junta, implica a toda la sociedad.
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