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La representación sindical de CCOO en la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) ha mantenido reuniones con los grupos políticos del PSOE e IU en la Diputación de Córdoba para denunciar la delicada situación laboral que atraviesa la empresa pública.
El encuentro, en el que también participó la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, sirvió para exponer una serie de problemáticas que, según el sindicato, están deteriorando tanto las condiciones de trabajo como la calidad del servicio. Entre ellas destacan la reducción progresiva de la plantilla, la paralización de la negociación del convenio colectivo, el aumento de externalizaciones y la cobertura de puestos mediante designaciones discrecionales.
Según explicó la presidenta del comité de empresa, Ester Cabello, el convenio colectivo lleva bloqueado desde hace aproximadamente un año y medio, tras su denuncia en 2023. A ello se suma la falta de convocatorias internas para cubrir plazas recogidas en la relación de puestos de trabajo, lo que está derivando en una creciente precarización laboral. En muchos casos, puestos estructurales están siendo ocupados por personal temporal o mediante contrataciones externas.
CCOO también denunció lo que considera una reducción de personal encubierta por parte de la Dirección de la empresa, bajo el argumento de la modernización. Esta situación, señalan, pone en riesgo la calidad del servicio público, especialmente en áreas técnicas como el mantenimiento electromecánico, donde la falta de personal cualificado dificulta asumir con garantías el funcionamiento de nuevas infraestructuras de depuración.
El sindicato subraya además que existen más de veinte vacantes sin cubrir y cuestiona el argumento de la tasa de reposición utilizado por la empresa, asegurando que las necesidades derivadas de nuevas instalaciones no estarían sujetas a esa limitación. Por tanto, consideran que la falta de contratación responde a decisiones políticas y de gestión.
Junto a todo lo anterior, CCOO ha trasladado también los continuos incumplimientos del convenio colectivo. Como ejemplo, denuncian la negativa de la empresa a reincorporar a un trabajador con incapacidad permanente alegando que “no existe puesto disponible para su reubicación”, a pesar de que el artículo 54 del convenio recoge la obligación de adaptar un puesto acorde a su nueva situación. La Dirección de Emproacsa ha mantenido una postura rígida, rechazando cualquier posibilidad de acuerdo durante el acto de conciliación celebrado en el Sercla.
Otro de los aspectos señalados es el aumento de la judicialización de las relaciones laborales, derivada en gran parte de la falta de negociación con el comité de empresa.
Ante esta situación, PSOE e IU se han comprometido a solicitar explicaciones al equipo de gobierno de la Diputación, encabezado por el Partido Popular, con el objetivo de garantizar la transparencia, el cumplimiento de la legalidad y la adecuada gestión de un servicio público esencial como es el agua.
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