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La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha denunciado que el 32,4% de los niños y niñas de la ciudad se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo de pobreza infantil, según los datos de la Red Cordobesa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. La edil señaló que esta cifra refleja una realidad que afecta a toda Andalucía, donde el 35,6% de la población vive en pobreza, superando ampliamente la media nacional del 25,8%, solo por detrás de Ceuta y Melilla.
Moya recordó que durante la jornada celebrada por EAPN Andalucía con motivo del Día Internacional contra la Pobreza se evidenció que Córdoba afronta esta problemática desde una doble desigualdad: la de género y la falta de vivienda asequible. “La pobreza en Córdoba tiene rostro de mujer con hijos”, subrayó la concejala, apuntando además que la brecha salarial en la provincia alcanza el 19,2%.
La socialista criticó al Gobierno municipal del PP por limitar su política social a la concesión de ayudas económicas y subvenciones, sin desarrollar estrategias integrales y sostenidas. Explicó que los presupuestos de 2026 contemplan 14,6 millones de euros en subvenciones —un millón más que la inversión total en la ciudad—, de los cuales el 36% serán nominativas y 9,3 millones se distribuirán mediante concurrencia competitiva. A su juicio, “poner dinero no es suficiente”, y se necesitan políticas públicas con visión territorial y social, especialmente dirigidas a los cuatro barrios más desfavorecidos, pero también a otros que muestran signos de deterioro.
En materia de vivienda, Moya denunció que el Ayuntamiento lleva seis años sin promover vivienda protegida, mientras más de 4.000 personas esperan acceder a un alquiler a través de Vimcorsa. También responsabilizó al auge de los pisos turísticos —que representan ya más del 60% de las plazas disponibles— y al abandono de las viviendas públicas de AVRA por parte de la Junta de Andalucía.
Respecto al empleo, criticó la eliminación del Plan Integra de Sadeco, que ofrecía trabajo temporal a personas en exclusión y dio empleo a 140 personas en el último año. Mencionó también el cierre del centro de adultos Paulo Freire en Moreras y la falta de continuidad de programas formativos en Palmeras.
Finalmente, acusó al alcalde José María Bellido de mantener políticas que perpetúan el asistencialismo y agravan la desigualdad, mientras aumenta tasas como el agua (18%) y la basura (53%) y reduce impuestos a los sectores más favorecidos.
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