El secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba, José González Arenas, ve “deslealtad institucional e ignorancia” en la denuncia pública realizada por el alcalde de Villanueva del Rey, Javier Murillo (PP), contra el Gobierno de España por haber dejado al municipio fuera del decreto de declaración de zona catastrófica anunciado el pasado martes en el Consejo de Ministros.
González Arenas ha recordado que para la inclusión en el decreto estatal de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil –lo que se conoce como zona catastrófica- son necesarios dos requisitos, según la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil: uno de ellos es que la Comunidad Autónoma, en este caso la Junta de Andalucía, efectúe un informe de daños, y de otro lado, que el Consistorio solicite la petición expresa de declaración de zona catastrófica al Gobierno central.
“Estamos aún en plazos para hacerlo, ya que la administración autonómica dispone de un mes para realizar el informe de daños, por lo que las declaraciones alarmistas del alcalde de Villanueva del Rey pueden obedecer o bien a la ignorancia de la ley de Protección Civil, o que el PP, una vez más, desarrolla una deslealtad institucional a la que nos tiene acostumbrados. Personalmente pienso que son las dos cosas: ignorancia y deslealtad”, ha recalcado González Arenas, que ha defendido que la declaración o no de zonas catastróficas “no es una cuestión caprichosa, subjetiva o de compadreo, sino que está regulada por ley”.
El que ha sido uno de los grandes incendios de este verano en la provincia, con más de 450 hectáreas quemadas en Villanueva del Rey, se suma a casi un centenar de otros fuegos originados en la provincia de Córdoba que han puesto en pie de guerra a los bomberos forestales por las condiciones indignas en las que han tenido que desarrollar su trabajo con carencia de personal y de medios y un avituallamiento que roza lo cutre y que ha copado redes y noticias periodísticas.
Así, González Arenas ha recordado que el PSOE apoyará este sábado al colectivo en una ‘Marcha Amarilla’ reivindicativa que protagonizarán por la capital en demanda de mejoras laborales, más personal y actualización de recursos materiales. Entre ellos, demandan EPIS (sistemas de protección), ya que están usando cascos caducados desde 2016, nueva flota de vehículos dado que las furgonetas adquiridas por la Junta no son válidas para el entorno rural, reconocimiento de la antigüedad prometida por el Gobierno de Moreno Bonilla y más inversión en prevención. “Un dato avala la negligente gestión del Gobierno del PP y de Moreno Bonilla, y es que en los dos últimos años han dejado sin ejecutar 350 millones de euros en prevención de incendios”, ha zanjado.
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