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La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) informa de que el Tribunal Supremo ha confirmado de manera firme la posición defendida por este sindicato respecto al derecho de los técnicos y técnicas de emergencias sanitarias a percibir la tercera paga extraordinaria.
Dicha paga forma parte del IV Convenio Autonómico de Transporte Sanitario y debe abonarse íntegramente desde el año 2023 a todos los trabajadores y trabajadoras que no alcanzaron acuerdo alguno con la empresa.
Esta resolución pone fin a años de incumplimientos salariales y reconoce un derecho que CTA ya defendió ante los tribunales, logrando una primera victoria con la Sentencia 275/2024 del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que la empresa estaba obligada a abonar la tercera paga extraordinaria, al ser el convenio claro en su contenido y de aplicación obligatoria.
El origen del conflicto se encuentra en un incumplimiento contractual de la empresa SSG, adjudicataria del servicio de transporte sanitario en la provincia de Córdoba. Ante un simulacro de convocatoria de huelga por parte del Comité de Empresa, todos los sindicatos que lo integran —CSIF, UGT y CCOO—, excepto CTA, aceptaron un acuerdo con la empresa para renunciar a la tercera paga extraordinaria de 2023, a cambio del abono de la correspondiente a 2024.
Los afiliados y afiliadas de CTA, que no renunciaron a la paga de 2023, fueron discriminados, negándoseles también el cobro de las pagas correspondientes a 2024 y 2025, con la colaboración de dichos sindicatos. Todo ello, pese a que la empresa ya había perdido dos procedimientos judiciales promovidos por CTA sobre este mismo asunto.
Uno de esos juicios se celebró en los Juzgados de lo Social de Córdoba, donde la empresa compareció junto a UGT, aportando un certificado cuya posible responsabilidad penal aún está por dirimirse. El segundo procedimiento fue resuelto en contra de la empresa por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A pesar de estas resoluciones, los sindicatos mencionados continuaron colaborando con la empresa, contribuyendo a privar a los trabajadores de más de 270.000 euros.
CTA denuncia además que las empresas subcontratadas por la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía actúan con sensación de impunidad ante reiteradas ilegalidades laborales, al considerar que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla mira hacia otro lado y no exige responsabilidades.
Asimismo, CTA señala la responsabilidad de la señora Botella, encargada de velar, a través de la Mesa de Seguimiento del contrato, por el cumplimiento de la licitación y de la legalidad laboral vigente. Sin embargo, pese a las denuncias presentadas por este sindicato en el mes de marzo —aportando datos concretos sobre ambulancias contratadas por el Servicio Andaluz de Salud y destinadas a servicios privados en los hospitales de Montilla y Puente Genil—, a día de hoy no se ha recibido respuesta alguna.
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