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En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental de comunicación entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Sin embargo, en algunos municipios, el equipo de gobierno en el poder está utilizando los perfiles oficiales del ayuntamiento para criticar exclusivamente a los partidos de la oposición, dejando de lado la difusión de información relevante sobre su propia gestión, las actividades municipales o el acceso de los vecinos a los servicios locales.
Este tipo de prácticas no solo resultan éticamente cuestionables, sino que pueden constituir una vulneración del principio de imparcialidad que debe regir la actuación de las administraciones públicas. Las redes sociales oficiales de un ayuntamiento no pertenecen a un partido político en particular, sino a toda la ciudadanía, y su objetivo debe ser informar de manera objetiva y transparente sobre las acciones de gobierno y los servicios municipales.
Uso partidista y censura, una combinación preocupante
Además del uso propagandístico de estas redes sociales, otro aspecto alarmante es la censura y el bloqueo de vecinos que expresan opiniones contrarias a las decisiones del equipo de gobierno. En un estado democrático, la libertad de expresión es un derecho fundamental, y cualquier intento de acallarlo desde una institución pública representa un grave retroceso en la calidad democrática.
No es admisible que un gobierno local utilice recursos municipales para difundir únicamente su propia versión de los hechos y, al mismo tiempo, silenciar a quienes piensan diferente. La diversidad de opiniones es esencial para la construcción de un debate político sano y enriquecedor.
Consecuencias y posibles acciones
El uso indebido de las redes sociales municipales para la confrontación política en lugar de la información institucional puede tener diversas consecuencias:
- Deslegitimación institucional: Cuando un ayuntamiento se convierte en un mero altavoz del partido gobernante, pierde su credibilidad ante la ciudadanía.
- Deterioro de la convivencia: La polarización y la falta de debate plural pueden incrementar la crispación social.
- Posibles ilegalidades: La utilización de recursos públicos con fines partidistas puede ser objeto de denuncias ante organismos de control, como los defensores del pueblo o tribunales de lo contencioso-administrativo.
Ante esta situación, la ciudadanía tiene diversas herramientas para actuar:
- Denuncias públicas: Visibilizar estos abusos en medios de comunicación y redes sociales.
- Reclamaciones formales: Presentar quejas ante organismos de transparencia y defensa del ciudadano.
- Iniciativas ciudadanas: Movilizarse para exigir un uso imparcial y transparente de los medios institucionales.
Las redes sociales municipales deben ser un canal de comunicación y servicio a los vecinos, no una trinchera política al servicio de un partido. La gestión pública debe basarse en la transparencia, la pluralidad y el respeto a la libertad de expresión. Solo así se puede garantizar una democracia local sólida y al servicio de todos los ciudadanos.
Pues nosotros vamos a hacer uso de una denuncia pública sobre un ser que tiene dos vehículos aparcados en la calle urgente todos los días y a todas horas prácticamente encima de la cera apoderándose ilegalmente de un paso para las personas dejando en evidencia la clase de gente que es y la crítica social y vecinal hacia la policía local de nuestro pueblo por omisión de su deber.Este personaje no tiene ningún derecho, ninguno, a invadir el acerado público para estacionar dos trastos obstaculizando ilegalmente el paso de las personas