Para acabar con la impunidad de quienes viven de la difamación es necesario que el mayor número posible de víctimas se enfrenten a ellos en los tribunales de justicia
Sembrar el odio mediante todo tipo de bulos sobre rivales políticos y colectivos vulnerables es la fórmula con la que la ultraderecha está logrando llegar al poder en un creciente número de países.
Para ayudarles, cuentan con una larga lista de mercenarios de la desinformación. Para ellos, el odio es un negocio. Y a base de mentiras y difamaciones, están ganando muchísimo dinero sembrándolo contra inmigrantes, feministas, personas LGTBI, dirigentes políticos y de organizaciones ciudadanas o contra cualquier objetivo que pueda ser utilizado para provocar clics o lograr subvenciones de gobiernos que tienen al frente a partidos que amortizan políticamente las noticias falsas.
Algunos de los miembros de ese sindicato del bulo se creen tan impunes que lanzan sin temor todo tipo de invenciones sobre la gente que tienen en su punto de mira. A través de las redes sociales o de sus propios medios de infoxicación, disparan sus difamaciones sin preocuparles lo más mínimo que pueden arruinar la vida de sus víctimas o incluso provocar agresiones físicas contra ellas.
Hay quienes dicen que para frenar las fake news es necesario modificar las leyes, para que los medios tengan que ser transparentes sobre sus financiadores, para que se reduzca o elimine la financiación pública de digitales sin apenas audiencia o de los que hayan sido condenados reiteradamente por difundir bulos.
Pero más allá del debate sobre la utilidad y necesidad de introducir cambios en nuestra legislación, lo cierto es que para acabar con la impunidad de quienes viven de la difamación es necesario que el mayor número posible de víctimas se enfrenten a ellos en los tribunales de justicia.
En los últimos días, tras cinco intentos, he logrado por fin que el pseudoperiodista de extrema derecha Vito Quiles se siente delante de una jueza como investigado por delitos de injurias y calumnias. Acusarme de estafas, extorsiones, amenazas de muerte e incluso deslizar que soy un pederasta debería salirle muy caro. Tengo confianza en que se impartirá Justicia y estoy convencido de que acabará condenado.
El Código Penal castiga las calumnias con hasta dos años de cárcel. Y las indemnizaciones por atentar contra el derecho al honor pueden llegar a alcanzar cuantías muy elevadas.
Quiles es uno de los trece ultraderechistas con los que tengo causas judiciales abiertas.
Si somos muchos los que damos el paso de dar la respuesta judicial contra los difusores de bulos, podremos ponerles un poco de freno. Porque demanda tras demanda, querella tras querella, condena tras condena, empezarán a pensárselo dos veces antes de escupir sus mentiras.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
Puedes ver el episodio completo de En Ocasiones Veo Fraudes aquí:
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