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La Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha iniciado una campaña para reclamar alrededor de tres millones de euros en recibos del servicio de abastecimiento de agua de Emproacsa que quedaron pendientes de cobro entre el primer trimestre de 2023 y el primero de 2025. La medida afecta a clientes de 57 municipios de la provincia, entre ellos Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Villaharta, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Valsequillo y Alcaracejos.
Según ha explicado la propia institución, las facturas no llegaron a cobrarse debido a incidencias registradas durante el periodo en que el servicio de recaudación estuvo externalizado. Los usuarios afectados recibirán una carta concediéndoles un plazo de 30 días para abonar las cantidades pendientes o solicitar un fraccionamiento, sin que se les apliquen recargos.
Sin embargo, la campaña ha generado malestar entre numerosos vecinos, que consideran que antes de exigir el pago de recibos de hace hasta tres años la empresa pública debería resolver asuntos que llevan tiempo denunciándose. Entre las principales reclamaciones figuran la reparación de averías que afectan al abastecimiento en distintos municipios y la revisión de posibles cobros indebidos que algunos usuarios aseguran haber soportado durante los últimos años.
Muchos ciudadanos entienden que la administración debe actuar con el mismo celo para corregir los errores que hayan podido perjudicar a los abonados que el que ahora demuestra para recuperar ingresos pendientes. En este sentido, reclaman que Emproacsa revise las reclamaciones presentadas, reintegre las cantidades que pudieran haberse cobrado de forma incorrecta, en los casos en que así se determine tras su revisión, y acelere la solución de incidencias que afectan al servicio.
La decisión de iniciar ahora esta campaña de cobro reabre el debate sobre la gestión del ciclo integral del agua en la provincia y sobre la necesidad de que exista una relación equilibrada entre la administración y los usuarios. Muchos vecinos sostienen que el cumplimiento de las obligaciones debe ser recíproco: si al ciudadano se le exige pagar con puntualidad, también espera una respuesta rápida cuando comunica una avería, presenta una reclamación o solicita la devolución de cantidades que considere cobradas indebidamente.
Mientras tanto, quienes reciban la comunicación del ICHL dispondrán de un mes para regularizar su situación o presentar las alegaciones que estimen oportunas si consideran que ya efectuaron el pago o existe algún error en la facturación.
Abril de 2023 una enorme sequía que duro mas de un año (o sobrexplotación S. Boyera) Mas de un mes consumiendo aguamierda para consumo humano (atentado contra la salud pública y mucho mas) pagando después durante ese año aguamierda a precio de agua potable. Enormes perdidas en agricultura y ganadería etc… Ahora pagamos agua embotellada por un lado y agua de grifo por otro por el clima de desconfianza creado.¿Todo esto qué precio tiene? Y los deberes sin hacer,, otra sequia o (sobreexplotación) y los ciudadanos-as volveremos a ser castigados .Lo mismo que se dice una cosa se debe de decir la otra ,es lo justo
Son unos sinvergüenzas. Están pidiendo cobros de una casa que se vendió en julio de 2023 y te piden pagos hasta octubre.