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El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), un órgano de expertos independientes adscrito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha concluido que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue de carácter arbitrario y ha instado al Estado peruano a proceder a su liberación inmediata, así como a garantizar una reparación por las vulneraciones de derechos detectadas durante el proceso.
El dictamen, fechado el 4 de junio de 2026 y hecho público en los últimos días, reabre el debate político y jurídico sobre la situación del exmandatario peruano, encarcelado desde diciembre de 2022 tras los acontecimientos que precipitaron su salida del poder.
Pedro Castillo, maestro rural y dirigente sindical, llegó a la Presidencia de Perú en 2021 al frente de una candidatura respaldada por sectores de la izquierda y movimientos populares. Su mandato estuvo marcado por una intensa confrontación con el Congreso, que promovió varios intentos de destitución.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció por televisión la disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización del sistema judicial. La decisión fue rechazada de inmediato por las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la mayoría de las instituciones del país, que la calificaron como un intento de golpe de Estado. Horas después, el Congreso aprobó su destitución y el entonces presidente fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México, donde pretendía solicitar asilo.
En su resolución, el Grupo de Trabajo de la ONU sostiene que la privación de libertad de Castillo vulneró diversas garantías recogidas en el derecho internacional, al considerar que la detención no respetó plenamente las normas del debido proceso ni las garantías judiciales exigibles. Por ello, recomienda su puesta en libertad inmediata, una reparación adecuada y la investigación de las presuntas irregularidades detectadas durante su arresto y el procedimiento inicial.
No obstante, el propio dictamen no entra a valorar la culpabilidad o inocencia del expresidente respecto a los delitos que se le imputan. Su análisis se limita a examinar la legalidad de la detención y el respeto de los derechos fundamentales durante el proceso.
Asimismo, la resolución del Grupo de Trabajo no tiene carácter vinculante, por lo que corresponde a las autoridades peruanas decidir si aceptan o no las recomendaciones formuladas por este órgano de Naciones Unidas.
Pedro Castillo continúa cumpliendo condena en el penal de Barbadillo, en Lima, donde permanecen recluidos otros expresidentes peruanos. La publicación del informe ha reavivado el debate tanto en Perú como en el ámbito internacional sobre las garantías procesales aplicadas en uno de los episodios políticos más controvertidos de la historia reciente del país.
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