Comienza el juicio por el caso «Rocket» que sienta en el banquillo a la exalcaldesa de Peñarroya, y a otras 17 personas por supuestos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y malversación de dinero público
Este 25 de septiembre de 2023, diez años después de que se iniciaran las investigaciones, ha comenzado el juicio por el caso Rocket, que investiga a 17 personas, entre ellas la exalcaldesa de Peñarroya, por supuestos delitos de prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad, malversación de dinero público.
Este lunes ha declarado la exalcaldesa de Peñarroya, Luisa Ruiz, que ha negado los hechos.
Ruiz ha dicho literalmente que: «Los fondos Miner se pagaron íntegramente». Añadiendo que «incluso le costaron dinero al Ayuntamiento»; que ella «jamás ha hecho una factura en el Ayuntamiento» y que cuando ella salió del ayuntamiento de Peñarroya «estaban pagadas todas las facturas que estaban presentadas».
A preguntas del juez que preside la sala, el magistrado José Francisco Yarza, del fiscal y de la abogada que representa los intereses del Instituto para la Restructuración de la Minería y el Carbón; Ruiz ha reconocido que como alcaldesa, era a su vez la presidenta de PIVAG, la empresa municipal que encargó, contrató y gestionó las ayudas de los fondos Miner, pero ha dicho que su papel era meramente institucional y ha delegado el resto de decisiones y gestión en al criterio del consejo de administración de la empresa pública y en los técnicos del Ayuntamiento.
Su abogado ha pedido la suspensión del juicio y la nulidad de actuaciones al entender que los delitos habrían prescrito. El fiscal pide penas de hasta 32 años de cárcel para la exalcaldesa, Luisa Ruiz.
En la primera sesión del juicio ha declarado además el agente de Guardia Civil que dirigió la investigación. En su intervención el agente ha explicado que encontraron» irregularidades» en las adjudicaciones realizadas, porque los contratos no existían. Que las cantidades de las facturas no cuadraban y que la empresa municipal que se utilizaba para contratar las obras, «no tenía capacidad para realizar los proyectos técnicos» y era puramente, ha dicho el agente. «Un instrumento para crear, y camuflar facturas».
Unas preguntas. Es legal que el Ayuntamiento se haga cargo de la defensa de la ciudadana Luisa?. Es ético que el Ayuntamiento retire la acusación a la ciudadana Luisa?. Cuantas veces vamos a pagar el pueblo de Peñarroya las supuestas acusaciones que pesan, y de que manera, a la ciudadana Luisa. El pueblo tendrá memoria. Por último, no sé a qué juega el ciudadano Pedro.