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El PSOE ha intensificado su ofensiva política en las instituciones cordobesas poniendo el foco en varios frentes que afectan directamente a la ciudadanía: la regularización de migrantes y el colapso del empadronamiento, la subida del coste del agua en la provincia, la aplicación de la normativa acústica y la prórroga del llamado escudo social frente a los desahucios.
Regularización de migrantes y atasco en el empadronamiento
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido una reunión con la entidad Córdoba Acoge para abordar el atasco en la expedición de certificados de empadronamiento ante el próximo proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España.
Los socialistas advierten de que el empadronamiento es un requisito imprescindible para acceder a la regularización y a derechos básicos como la atención sanitaria. La larga lista de espera, sostienen, puede dejar fuera a personas que cumplen los requisitos. A ello se suma la dificultad de acceso a la vivienda en alquiler, agravada por la escasez de parque público de VPO.
Rechazo unánime a la modificación de la ordenanza del agua
En la Diputación de Córdoba, el PSOE ha denunciado el intento del presidente provincial de modificar la ordenanza reguladora del servicio supramunicipal gestionado por Emproacsa sin consenso previo.
La propuesta suponía un incremento del coste del servicio de depuración para los ayuntamientos integrados en el sistema provincial y fue rechazada por unanimidad. Los socialistas alertan de que el aumento habría terminado repercutiendo en los vecinos a través de las ordenanzas municipales.
Exigen aplicar la normativa andaluza contra el ruido
En el ámbito municipal, el PSOE también reclama al Gobierno local del PP que aplique la normativa aprobada por la Junta de Andalucía para prevenir y controlar la contaminación acústica.
La regulación establece límites más claros, obliga al uso de limitadores en locales que superen los 85 decibelios y refuerza el sistema de medición del ruido en caso de denuncia. Los socialistas consideran prioritario su desarrollo en zonas tensionadas como el Centro Histórico y reclaman un plan público de implementación.
Prórroga del escudo social y suspensión de desahucios
A estos asuntos se suma el anuncio realizado por la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, tras reunirse con la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) Córdoba.
Crespín ha destacado las ventajas del Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador tenga tres o más viviendas.
Según ha explicado, la norma incluye la prórroga de la suspensión del procedimiento y de los lanzamientos para hogares vulnerables en viviendas de grandes tenedores, así como la intervención de los servicios sociales cuando se trate de propietarios con dos o menos inmuebles. La dirigente socialista subraya que el decreto refuerza medidas en materia energética, vivienda, empleo y financiación territorial con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables.
Un discurso centrado en lo social
Migración, vivienda, agua y ruido. Cuatro ámbitos distintos que el PSOE sitúa en el centro del debate político en Córdoba, con un mensaje claro: reforzar la protección social y exigir mayor diálogo institucional frente a lo que consideran decisiones unilaterales del PP en las distintas administraciones.
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