29 de agosto de 2023

La reacción de la sociedad ante el caso Rubiales demuestra que Irene Montero tenía razón

La Ministra de Igualdad, en una de las batallas políticas más difíciles de toda la legislatura, acompañada por todo su equipo, también por Podemos y, sobre todo, empujada por la ola del movimiento feminista, llevó algo que era un clamor social —que «sólo sí es sí», es decir, que cualquier acto de naturaleza sexual que no sea consentido es una agresión— a la legislación de nuestro país. Irene Montero se dedicó durante muchos meses a explicar, en los medios de comunicación, en las asambleas, en la tribuna del Congreso, que la ausencia de consentimiento tiene que ser el único criterio para decidir si algo es violencia sexual o no lo es. Eso fue lo que aprendimos como país gracias a las poderosísimas movilizaciones sociales contra la sentencia de «la manada» y también con los sucesivos 8M que llenaron nuestras calles de mujeres, de hombres y de futuro. Y eso fue lo que el Ministerio de Igualdad batalló desde el inicio de la legislatura incluir en el centro del Código Penal, con la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual o Ley sólo sí es sí. A pesar de que eso situaba a España como vanguardia en los derechos de las mujeres y generaba aplausos y reconocimientos en el ámbito internacional —desde la ONU a la Comisión Europea—, las reacciones en nuestro país no fueron tan positivas. En un primer momento, la (ultra)derecha política y mediática intentó tumbar la ley diciendo estupideces como que, a partir de su aprobación, iba a hacer falta firmar un contrato para poder mantener relaciones sexuales. Esto les funcionó bastante regular y la ley fue aprobada con una mayoría amplia en el Parlamento; así que decidieron cambiar de estrategia. Haciendo todo lo contrario que se había hecho siempre con las modificaciones del Código Penal —no rebajar penas cuando estas caen dentro de la nueva horquilla—, un sector minoritario pero significativo de la judicatura decidió empezar a bajar penas a delincuentes sexuales. Aunque eran los jueces los que estaban decidiendo —en contra de la práctica consuetudinaria— beneficiar a violadores, la (ultra)derecha política y mediática lo tuvo muy claro: la culpa era de Irene Montero. Y empezaron la cacería. Los cañones mediáticos de la (ultra)derecha gritaban que Irene Montero estaba liberando violadores —como si no fueran los jueces los que firmaban las sentencias— y los diputados y diputadas de la (ultra)derecha parlamentaria se dedicaban, semana tras semana, a verter insultos, odio, bulos y violencia política contra la Ministra de Igualdad en las sesiones de control. Y lo que es peor, como ocurre demasiadas veces cuando se junta el temblor de piernas ante los marcos reaccionarios y las ganas de destruir a Podemos, la progresía política y mediática decidió, una parte, no defender a la Ministra poniéndose de perfil y, otra parte, directamente acompañar la cacería. Al calor del contador de violadores —idéntico al de OKdiario, por cierto— de Antonio «es muy burdo, pero voy con ello» Ferreras, diferentes portavoces, parlamentarios y mediáticos, de la progresía empezaron a decir que la ley estaba mal hecha, que no tenía seguridad jurídica, que el Ministerio de Igualdad había corrido demasiado, que los jueces son todos independientes y seres de luz o que se estaban cometiendo graves errores de comunicación. Lo de arropar a la Ministra de Igualdad ante una cacería política lanzada por el machismo más reaccionario, eso no se le pasó a ninguno por la cabeza. No vayas a poner el cuerpo que a lo mejor te llevas alguna de las balas. Mejor que se las coma todas Irene Montero. Como cumbre de todo el proceso de coincidencia táctica entre la (ultra)derecha y la progresía, el PSOE decidió pactar con el PP una contrarreforma de la Ley sólo sí es sí para eliminar el consentimiento como eje central. De esos días son las infames declaraciones en la radio de la Ministra de Justicia Pilar Llop diciendo que es muy fácil demostrar con heridas una agresión sexual —ni la víctima de «la manada» ni Jenni Hermoso recibieron heridas— o las declaraciones de su principal asesor jurídico diciendo que a ver si iba a tener que despertar a su mujer para tener sexo. Poco después, llegarían las elecciones generales anticipadas convocadas por Pedro Sánchez como consecuencia del resultado de las autonómicas y municipales. En estas elecciones, se produjo el veto de Yolanda Díaz a Irene Montero y su eliminación de las listas electorales, la práctica desaparición de las propuestas feministas de la campaña y las sorprendentes declaraciones del Presidente del Gobierno diciendo que tenía amigos de 40 y 50 años que se habían sentido incómodos con el discurso del Ministerio de Igualdad. Además de dar la razón así a los reaccionarios —haciéndolos ganar terreno y crecer—, todas estas acciones estaban respaldadas por los mismos mensajes. Se nos decía que el feminismo había sido demasiado combativo, que había que apostar por otro feminismo más «amable» —que no incomodase a los amigos de Pedro Sánchez— y que el Ministerio de Igualdad con Irene Montero a la cabeza había ido demasiado lejos. Que la sociedad española todavía no estaba preparada para esos cambios. Sin embargo, una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la última semana con el caso Rubiales es que todos esos argumentos son mentira. Hemos aprendido que la sociedad española entiende muy bien —y mayoritariamente— qué significa el consentimiento como centro de la libertad sexual de las mujeres, las jugadoras de la selección de fútbol han conseguido vencer al poderosísimo machismo de la RFEF (con cientos de millones de presupuesto y décadas de impunidad) precisamente por ser combativas y nos han enseñado a todos una importante lección de vida: para ganar a los reaccionarios hay que estar juntas, hay que cuidar a las compañeras, hay que tener lealtad y no se puede dejar caer a nadie. A lo largo de la última semana, hemos aprendido con claridad, entre otras muchas cosas, que el Ministerio de Igualdad no había ido demasiado lejos sino que había entendido perfectamente lo que pedía la sociedad española —a diferencia de otros— y había tenido el valor de llevarlo al BOE. La reacción de la inmensa mayoría de la sociedad ante el caso Rubiales ha demostrado con afilada nitidez que Irene Montero tenía razón.

Pablo Achenique

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