La primera cuestión es que parece que nos cuesta ponernos de acuerdo sobre a qué nos referimos cuando hablamos de educación o escuela pública. Es un signo de estos tiempos. Me refiero a dudar de cuestiones que hasta hace poco no se ponían en tela de juicio, no hablemos ya de esa nueva dinámica social de directamente negar los hechos o la realidad. Ahí tienen a los neofascistas, a los terraplanistas o a los antivacunas ocupando tan ufanos el espacio público con sus memeces producto de la ignorancia.
No podemos negar que el significado de la expresión “educación pública» se ha ido despojando, en una parte significativa del imaginario colectivo, de su sentido original que recogía «lo común», «lo de todos», “lo que nos iguala” y como consecuencia de esa pérdida de contenido se han ido desgajando de su esencia esos otros principios que la deben caracterizar: gratuidad, universalidad, laicidad, integradora o gestionada y financiada por el estado.
Para aquellos ilusos o descreídos que opinan que estas cosas pasan porque el mundo, los conceptos, evolucionan. Que la nueva configuración de la realidad debe hacer que reajustemos los procesos de aprendizaje. O que la ignorancia que hasta hace poco nos hacía ser prudentes, incluso temerosos de hacer el ridículo por expresar una opinión, ha quedado superada desde que tenemos un terminal informático en el bolsillo. A todos ellos y a todos nosotros quizá convendría recordarnos que esta cultura del simulacro en la que estamos instalados está diseñada con una intención, aunque su teléfono móvil no le informe de ello.
Es cierto, hay que admitirlo, que las circunstancias aportan muchas veces matices y que no siempre es inteligente pensar que detrás del desmantelamiento de lo público hay un grupúsculo de malvados conspiradores capitalistas confabulados para hacer caja. Pero, si analizamos los hechos no es difícil encontrar patrones que nos dan pistas de que estamos asistiendo a un cambio de paradigma que va en contra de las personas.
Podemos mirar para otro lado pero la aparición en la educación de las lógicas de mercado, los modelos híbridos o mixtos, las empresas privadas que ofrecen servicios educativos complementarios, las plataformas digitales, las certificaciones para acreditar habilidades y conocimientos específicos que son demandados por las empresas, las administraciones que optan por suprimir plazas públicas mientras incrementan el número de plazas privadas; todo ello no es una casualidad ni una realidad propia de la evolución o una actualización de la sociedad.
Veamos algunas claves.
El lenguaje financiero —eficiencia, rendimiento, competencias, clientes, rankings— se ha infiltrado incluso en las escuelas públicas.
Si todas las instituciones compiten y funcionan con lógicas comerciales, lo público deja de entenderse como un derecho y pasa a verse como un servicio más.
La consolidación de la formación on-line, las academias digitales, las micro credenciales de plataformas o empresas tecnológicas, los bootcamps, etc.; dejan una imagen, falsa, que hace que la educación pública parezca una categoría demasiado estrecha frente a un ecosistema mucha más amplio y rico. No me resisto a recordar lo que planteaba Debord en “La sociedad del espectáculo”, en relación a que la realidad está siendo sustituida por imágenes, y el valor primordial es la apariencia y el consumo,
Otra clave importante conecta con la identificación de la educación pública con lo estatal y esto, a su vez, con la pérdida de confianza (intencionada pero también en ocasiones producto de quienes están al frente) en las instituciones, donde lo público pierde prestigio tanto emocional como político.
La última clave se orienta hacia un discurso, un relato que se centra más en la empleabilidad, las habilidades técnicas o la competencia global, lo cual desplaza la dimensión social de lo público para volver a introducir en lenguaje empresarial.
Ese es pues el cóctel que nuestra sociedad rabiosamente capitalista nos hace beber todos los días: la educación es un servicio no un derecho, las nuevas realidades tecnológicas y empresariales nos obligan a replantear lo que entendemos por educación, las instituciones públicas son ineficaces además de una rémora para hacer avanzar al mundo y lo público no es una cosa de la gente sino de un estado que coarta la libertad de las personas.
Ahora, a usted que le ha interesado reflexionar sobre la educación pública porque ha leído hasta aquí, pregúntese cómo todo esto le afecta a su bolsillo, a su libertad de elección real, a su entorno o a sus derechos, a su futuro. ¿Lo ha hecho? No se asuste si de golpe y porrazo se ha dado cuenta de que se ha convertido en un terraplanista de lo público. Existe una vacuna: apoye, colabore y vote a todo aquel que defienda los servicios públicos, la educación pública. Eso no lo eximirá de su ignorancia, pero como dicen los manuales de autoayuda que a veces lee, las acciones positivas que hacemos para el bienestar colectivo acabarán revirtiendo en su propia felicidad.
Diego Rodríguez Villegas
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